Los trabajadores del centro de acogida de menores de L’Olmet, cuya entidad concesionaria del servicio (Socialia) también gestiona en la ciudad un piso tutelado, han urgido hoy a la Conselleria de Políticas Inclusivas el abono inmediato de los meses que adeuda por la prestación del servicio para que a su vez la citada pueda hacer frente al pago con los trabajadores que sustentan las tareas diarias tanto en el centro como en el piso tutelado.
Son en torno a 40 los trabajadores afectados.
Desde el sindicato CCOO se ha explicado que la conselleria debe a la empresa las facturas de cuatro meses, concretamente de noviembre, diciembre, enero y febrero. Ese es el motivo por el que la mercantil adeuda a su vez a los trabajadores las nóminas de los dos últimos meses.
La situación se extiende a alrededor de una treintena de centros de acogidas de menores de la provincia de Alicante, estimándose desde CCOO que el volumen económico de deuda acumulada por la Conselleria de Políticas Inclusivas con las empresas que los gestionan ronda los 4 millones de euros. En Elche la cantidad está alrededor de los 400.000 euros.
La situación que viven esos centros, que acogen menores cuya tutela recae en la Generalitat, viene de lejos. Los problemas con los pagos por parte de la Administración autonómica se dieron años atrás, en 2013, 2014 y 2015 y con la llegada del nuevo gobierno autonómico de PSOE y Compromís se anunció una regularización de la situación a partir de dejar de licitar la prestación del servicio para fijar la gestión del mismo a través de un concierto social, que ofrece mayor estabilidad y sobre todo más agilidad en la disposición del dinero a sufragar, evitando los prolongados trámites burocráticos que se deben de seguir para abonar las facturas en régimen de concesión administrativa por pliego, especialmente en el periodo en el que el contrato expira y hasta la adjudicación de uno nuevo.