La Comisión Europea ha abierto un expediente informativo para aclarar la legalidad de la contratación de las obras de reforma de la planta de residuos sólidos urbanos del Baix Vinalopó, ubicada en la Sierra del Cremats de Elche.
El consorcio provincial que gestiona las instalaciones, formado por lo municipios que trasladan hasta las mismas residuos, optó por concretar la ejecución de ese proyecto, que tiene un presupuesto de cerca de 19 millones de euros, a través de la modificación del contrato existente.
La asociación Margalló-Ecologistes en Acció denunció la situación a la Comisión Europea, entendiendo que la contratación de esas obras debió haber sido licitada a través de un concurso público, con publicación del mismo incluida en el Boletín Oficial de la Unión Europa.