La sala tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de una disposición de un decreto de la Generalitat valenciana en materia de Educación aprobado en 2008 que establecía la obligatoriedad de obtener autorización paterna para que los alumnos decidan de forma colectiva si asistir o no a clase.
La sentencia responde así al recurso presentado por el Gobierno de la comunidad autónoma tras obtener una sentencia anterior desfavorable, que a su vez fue originada por un recurso de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Comunidad valenciana Gonzalo Anaya contra el decreto 39/2008 relativo a la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.
En su recurso, la Abogacía de la Generalitat argumentaba que, pese a que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) prevé el derecho del alumnado a decidir colectivamente faltar a clase en el marco del ejercicio de su derecho de reunión y comunicando la decisión previamente a la dirección del centro, la normativa también habla de que ha de estar enmarcada en los términos que establezcan las administraciones educativas.
Esto último, en opinión de la recurrente, facultaría a la Generalitat a modular la regulación legal, introduciendo por vía reglamentaria una condición adicional, como la de la autorización paterna.
