El portavoz municipal, Xavier López, ha explicado este martes que “la voluntad mayoritaria en la sociedad alicantina es la de detener este texto que, además de criminalizar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, les condena a no poder salir de la espiral de la pobreza cargándoles de sanciones que nunca podrán pagar pero que, en cambio, les impedirá acceder a prestaciones públicas”.
López afirma que “vamos a explorar la vía judicial porque creemos que se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente, de las personas sin hogar y en situación de prostitución”. El recurso argumenta que para el colectivo de personas sin hogar, la prohibición total de dormir en los espacios públicos supone en la práctica la prohibición de residencia en el municipio de Alicante. De acuerdo a la letra de la Ordenanza, una persona sin techo no puede llevar a cabo una función biológica tan básica como el sueño sin arriesgarse a ser sancionada por ello.
En el texto del recurso, la coalición considera que “la prohibición total de dormir, de día o de noche, en los espacios públicos, no tiene el mismo alcance o impacto en quienes poseen una vivienda en el municipio, o fuera del municipio, o quienes disfrutan de una estancia turística, que respecto de aquellas personas que no cuentan con un techo porque carecen de vivienda y no tienen más remedio que vivir a la intemperie, en las calles, paseos, plazas, parques u otros espacios públicos en los que estar y pernoctar. Para las primeras, el hecho de dormir o acampar en los espacios públicos puede suponer un asunto convivencial. Para las últimas, sin embargo, se trata de un asunto existencial”.
PP Y CS LO DESMIENTEN
Por su parte, el equipo de gobierno (integrado por PP y Ciudadanos) ha criticado la decisión de la formación morada de acudir a los tribunales y ha insistido en que la norma "no persigue ni criminaliza a las personas, sino que actúa contra las conductas y las mafias de la prostitución y la mendicidad".
En el caso de las prostitutas, -afirman fuentes municipales-, se les ofrece alternativas de inserción social y laboral en el marco de los recursos municipales y la norma hace hincapié sancionador en los demandantes de sus servicios.
Asimismo, estas fuentes añaden que la norma "ofrece soluciones habitacionales para personas sin recursos" y lamentan que los partidos de izquierda en Alicante sigan "haciendo gala de su hipocresía y doble moral", ya que "critican en esta ciudad las mismas medidas que toman en aquellos municipios que gobiernan, como en Sant Vicent del Raspeig, donde multarán con 200 euros a los gorrillas, en València, Barcelona y otros ayuntamientos".
