En un comunicado, la Plataforma Palencia Ciudad Refugio quiere denunciar "lo que consideramos una constante persecución sin paliativos de un grupo de agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Palencia hacia las personas en situación irregular que quieren regularizar su situación administrativa". Desde hace 4 meses la Plataforma ha estado recibiendo "testimonios dolorosos de personas que han estado viviendo situaciones rechazables por parte de algunos agentes en comisaría". Afirman que nuestro ordenamiento jurídico es claro, las personas en situación irregular pueden regularizar su situación y para ello hay previstos mecanismos concretos a los que presuntamente se les está impidiendo acceder mediante artimañas.
El comunicado continúa afirmando que "algunas de las realidades que nos han manifestado los/as afectados/as y que se estarían realizando con total impunidad en este supuesto hostigamiento son presiones a sus arrendadores para que les nieguen el alquiler, multas desproporcionadas por supuestas infracciones administrativas sin evidencia probatoria alguna, vulnerando la presunción de inocencia, abriendo procedimientos de expulsión en contra de lo establecido por la doctrina del Tribunal Supremo y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, rebuscando en el padrón municipal cualquier elemento que les permita continuar lo que consideramos un acoso ilegal sin precedentes en Palencia".
Esta Plataforma ha puesto en conocimiento del Subdelegado del Gobierno en Palencia, Don Ángel Domingo Miguel Gutiérrez, esta situación y "se nos prometió que se iba a investigar y a corregir a los agentes que estaban actuando fuera de control". La Plataforma quiere señalar que "estos agentes han expresado libremente una clara actitud xenófoba dentro de comisaría, con expresiones desagradables, gritos y gestos intimidatorios, tal y como nos han expresado las personas afectadas con las que nos hemos reunido".
Responsabilizan de esta situación a la Jefa de la Brigada de Extranjería, la Inspectora Paloma Doncel Tejedor, ya que "bajo su mando presuntamente un grupo de agentes han estado actuando por su cuenta, hostigando a personas en clara situación de vulnerabilidad, y generando un clima de terror entre personas que no han cometido ningún delito".
El comunicado continúa diciendo que no tener papeles no es delito. Demandan "una policía formada en materia de extranjería y no una policía que desconoce las sentencias de los tribunales; demandamos una policía empática, no una policía del miedo; demandamos una policía frente a la que nos sentamos seguros y no una policía que emplea su uniforme conforme a su ideología personal; demandamos a la Inspectora Paloma Doncel que detenga esta situación insostenible, que garantice que se respete la dignidad y los derechos de cualquier persona que se relacione en dependencias policiales con funcionarios públicos bajo su mando, que se depuren las responsabilidades oportunas y que no permita dentro de su brigada que ningún agente exprese en público comentarios racistas o xenófobos que ningún vecino/a de esta ciudad debe soportar".
Además anuncian "movilizaciones en el espacio público hasta que se respete la ley, se respete las sentencias de los tribunales, se pare la criminalización de este colectivo y se respete la dignidad de las personas en situación irregular. Asimismo, y siempre que la situación no cambie, denunciaremos estos presuntos abusos ante las autoridades, incluida la vía judicial en aquellas situaciones en las que hayamos podido observar indicios de delito".
El subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel Gutiérrez, niega de forma tajante estas acusaciones, asegurando que la Policía Nacional está aplicando la ley y cumpliendo con su deber. Además desmiente las palabras que le atribuye la Plataforma en su comunicado. El subdelegado del Gobierno también es rotundo al afirmar que "no le consta actitudes xenófobas" por parte de estos agentes.
