En un comunicado, el empresario confirma así la decisión de presentarse voluntariamente ante el juzgado, que ya ha sido informado por su abogado de su comparecencia.
El fundador de Nueva Rumasa está citado este jueves en los juzgados de Palma de Mallorca para responder a una orden de busca y detención decretada por la jueza a partir de las 12.00 horas.
La instructora de la causa, jueza de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear, espera indagar en la presunta estafa de 13,9 millones de euros en la que habría incurrido el empresario mediante la compraventa de un hotel de Mallorca.
La jueza ya le había emplazado a declarar en diversas ocasiones. Sin embargo, en varias de ellas el jerezano ha alegado tanto problemas de movilidad como económicos para no comparecer en dependencias judiciales, mientras que las dos únicas veces en que sí ha hecho acto de presencia en los Juzgados se ha acogido a su derecho de no declarar.
Este procedimiento judicial fue iniciado a raíz de la querella presentada el pasado año por la sociedad Inversiones Grupo Miralles (IGM) como consecuencia de la presunta estafa en la compraventa del hotel Eurocalas. Posteriormente, la denuncia fue ampliada al atisbar indicios de que la mercantil que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.
Fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a la empresa Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros. Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.
"Todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo", denunciaba la querella del Grupo Miralles, representado en la causa por la letrada Isabel Fluxà.
En el marco de este caso, sobre el empresario y sus seis hijos varones, también imputados, pesa una fianza de responsabilidad civil de 18,5 millones de euros, mientras que también tienen retirado el pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.
