Vuelos

El Govern pide al Estado un precio máximo para los billetes con la Península

Ante el incremento del coste de los billetes detectado en los últimos meses, el Govern quiere "precios estables", para lo cual solicitará oficialmente al Ministerio de Fomento que los vuelos entre las islas y la península tengan la declaración de obligación de servicio público (OSP), como ya sucede con los vuelos dentro del archipiélago.

ondacero.es

Baleares | 26.11.2018 14:36

Reunión entre AVIBA y Marc Pons
Reunión entre AVIBA y Marc Pons | Onda Cero Mallorca

El Govern balear pedirá oficialmente al Ministerio de Fomento que obligue a las compañías aéreas que operan en Baleares a que fijen un precio medio máximo de los billetes de los tres aeropuertos de las islas con el resto de España.

Ante el incremento del coste de los billetes detectado en los últimos meses, el Govern quiere "precios estables", para lo cual solicitará oficialmente al Ministerio de Fomento que los vuelos entre las islas y la península tengan la declaración de obligación de servicio público (OSP), como ya sucede con los vuelos dentro del archipiélago.

El objetivo es evitar la "escalada de precios" de los billetes que se está experimentado después de que el pasado mes de julio el Gobierno central aprobara la subvención de hasta el 75 % del coste de los billetes aéreos y marítimos de los residentes de Baleares.

Con la referida OSP, el ejecutivo autonómico persigue que se apruebe un precio máximo de cada billete desde el archipiélago con "todos" los aeropuerto del país. El precio máximo del billete sería diferente según la ruta aérea.

El conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha señalado en rueda de prensa que establecer un precio medio máximo es una competencia del Gobierno español que debe contar con la aprobación de la Unión Europea (UE) y ha defendido que es necesario hacer frente a las "presuntas actuaciones fraudulentas" de algunas compañías, que no son la mayoría, ha querido precisar.

El conseller se ha reunido hoy con el presidente de la patronal de las agencias de viajes de Baleares AVIBA, Antoni Abrines, después del estudio que ha realizado esta entidad de 4.500 billetes tras la aprobación del descuento del 75 %.

Pons ha subrayado que el 70 % de las compañías están respetando los precios y no han aprovechado la ocasión para subirlos.

Sin embargo, algunas empresas "low cost están desvirtuando los precios" con el propósito de "mejorar así sus cuentas de resultados" con las subvenciones públicas, ha añadido el conseller, que no ha querido concretar el nombre de esas compañías.

El Govern balear ya ha remitido denuncias de consumidores de los últimos meses por aumento de precios y falta de calidad del servicio y también de seguridad a la dirección general de Aviación Civil, la secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

El conseller ha dicho este aumento desmedido de precios se está produciendo también en Canarias y que el Govern balear ya ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Formento para analizar esta problemática.

Además, el ejecutivo balear está pendiente de un informe conjunto que están realizando sobre este asunto AESA, AENA y ENAIRE, la empresa proveedora de servicios de navegación aérea e información aeronáutica de España.

Por otra parte, el conseller ha recordado que el Govern ya ha solicitado hace unos meses al ejecutivo central que cambie los términos de la actual OSP de los vuelos dentro del archipiélago, para que el precio medio de referencia de los billetes pase de 90 a 60 euros debido al buen comportamiento de la demanda.

El objetivo es que el precio de cada billete (solo ida) no sobrepase los 60 euros.

En la conferencia de prensa el director general de Consumo del Govern, Francesc Dalmau, ha animado a los consumidores de Baleares a presentar denuncias ante este departamento si consideran que se han vulnerado sus derechos.

En tres años, en el periodo 2016-018, Consumo ha abierto 26 expedientes a compañías aéreas que operan en Baleares con un montante de sanciones que asciende al millón de euros.