El Gobierno cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de la Ley balear de Consultas Populares
Previsiblemente la comisión comenzará a trabajar después del verano para estudiar los argumentos del Gobierno.
El Gobierno de España cuestiona la constitucionalidad de más de una veintena de artículos de la Ley de Consultas populares y Procesos participativos de Baleares, por lo que se ha constituido una comisión bilateral de negociación junto al Govern balear para evitar la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En concreto, según la información publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) este martes, se acordó crear la Comisión a principios de junio. Según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico, previsiblemente la comisión comenzará a trabajar después del verano para estudiar los argumentos del Gobierno.
Uno de los artículos cuestionados por Madrid es el que establece que el resultado de las consultas municipales sean siempre vinculantes para la autoridad que las convoque. También avisa de la posible inconstitucionalidad del artículo que permite circunscribir los referéndums a una parte concreta del término municipal; y del artículo sobre la resolución de recursos sobre solicitudes para realizar consultas.
Igualmente, el Gobierno duda de la constitucionalidad de toda la sección 2 del capítulo 2 -que versa sobre la convocatoria y publicación de la misma- y de los capítulos 3 y 4 de la ley al completo -que tratan la organización y documentación de la consulta y la campaña informativa, el voto, el escrutinio, la proclamación de resultados y las reclamaciones-.
La Ley fue aprobada a finales de febrero por el Parlament, con 31 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. PP y Cs presentaron enmiendas para que los referéndums de los municipios no fueran siempre vinculantes, pero fueron rechazadas.
En la defensa del Proyecto de Ley, la entonces consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, defendió que la norma "profundiza en el sistema democrático para canalizar la participación directa de la ciudadanía". Además aseguró que la ley regulaba ""con todas las garantías jurídicas" las consultas impulsadas por las instituciones o por iniciativa popular en el ámbito municipal, insular y autonómico.
"Se puede dar voz a la ciudadanía y no se debe tener miedo a consultar a los ciudadanos, un Estado de Derecho se fundamenta en la soberanía popular que se debe ejercer de manera constante y permanente, no sólo cada cuatro años", declaró.