El conseller de Turismo bajo el segundo mandato de Jaume Matas, Joan Flaquer, está citado a declarar en calidad de testigo este viernes, a partir de las 11.00 horas, en el marco de las pesquisas en torno a la actividad presuntamente irregular desarrollada a través del Instituto Nóos, mientras que también comparecerán el exdirector de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia, Jorge Vela, y Antonio Ballabriga, excolaborador del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y director de responsabilidad y reputación corporativas del BBVA.
En un principio, Flaquer había sido emplazado a declarar como imputado si bien su abogado, Carlos María Florit, presentó recientemente un escrito ante el magistrado para solicitar que su patrocinado fuese citado como testigo al alegar que las pruebas practicadas hasta el momento no sustentan indicios de criminalidad como tampoco quienes han declarado han apuntado hacia el exconseller, quien de hecho ya declaró como testigo en dependencias de la Fiscalía.
Así lo han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, que han aseverado que tras esta petición el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma modificó el estatus procesal del también exportavoz del Govern. Durante su declaración en sede del Ministerio Público, Flaquer se desvinculó de cualquier tipo de irregularidad en el marco del I Foro sobre Turismo y Deporte celebrado en Baleares en 2005 gracias al acuerdo entre el Ejecutivo balear y Nóos.
Un evento que se desarrolló por 1,2 millones de euros públicos, parte de cuyo destino se investiga, y respecto al cual el exdiputado del PP manifestó que fue el entonces gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Raimundo Alabern quien le comentó que la Fundació Illesport iba a celebrar unas jornadas en cuya organización iba a participar Urdangarin, por lo que, ante su previsible repercusión promocional, se invitó al Ibatur para participar en el mismo.
En su comparecencia, el extitular de Turismo apuntó que Alabern le explicó que se celebraría un convenio de colaboración en el que el Ibatur no iba a aportar cantidad económica alguna, de modo que ante tales explicaciones, cuando se le pasó a firma el convenio, Flaquer lo firmó "ante la confianza de que se había tramitado correctamente". Según abundó el testigo, no tenía vinculación alguna con el Illesport más allá de su condición de patrono, que era "más simbólica que real", como tampoco asistió a ninguna reunión de la Junta de Patronos.
Por su parte, la relación de Casca con las investigaciones sobre Nóos se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma. Uno de ellos iba dirigido a la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y el otro fue suscrito por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, entonces presidida por el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
En el marco de estas pesquisas, las acusaciones consideran a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres responsables de urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
El análisis de la numerosa documentación incautada en el marco de la causa pone de relieve además el reiterado cruce de facturas supuestamente ficticias o por importe superior al servicio prestado, efectuado entre estas sociedades con el objetivo de incrementar gastos de unas u otras empresas a efectos de rebajar artificialmente el coste del correspondiente impuesto de sociedades.
En cuanto a los foros de turismo y deporte celebrados en Baleares por un total de 2,3 millones de euros -1,2 millones el primero y 1,1 millones el segundo-, el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
