El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, interrogará este miércoles al exgerente del parque tecnológico ParcBit Antoni Reus, quien ha sido citado a declarar en calidad de imputado en relación a un pago de hasta 109.138 euros que el Govern de Jaume Matas, durante su última legislatura (2003-2007), habría fraccionado en contratos menores para que pudieran ser adjudicados de forma directa a la empresa Over Marketing.
La comparecencia está fijada a partir de las 12.00 horas, si bien antes están previstas las declaraciones de tres testigos en el marco de esta misma causa, que constituye la pieza número 27 del caso Palma Arena y está considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares.
Entre los testigos está citado el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, quien cumple una condena de cinco años de cárcel por delitos de malversación, fraude a la Administración y cohecho, al haber ideado y planificado, durante el mismo mandato, una trama dirigida a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad.
Según un informe de la Guardia Civil aportado a estas pesquisas, al que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo balear desgajó en varios contratos la anterior cantidad para que Over diese publicidad a una campaña del Govern denominada 'Ciberpime'. Para que ésta pudiera hacerse con la contratación, el pago fue fraccionado a través de varias Consellerias, Direcciones Generales, empresas públicas -entre las que se encontraba el ParcBit- y una mercantil privada que "nada tuvo que ver" con la campaña.
En el caso del ParcBit, los investigadores hallaron dos facturas libradas por dos empresas vinculadas a Over -Link America y Traci Comunicación-, una de ellas por 10.842 euros en concepto de 'inserciones en prensa', y otra por 11.899 por 'compras de inserciones en prensa'. En la declaración que prestó en sede de la Guardia Civil, Reus negó su vinculación con estos hechos.
En su informe, el Instituto Armado señala que durante los registros practicados en la sede de Over, en verano de 2010, con motivo de la operación policial del llamado caso Ibatur, fue hallada numerosa documentación que "evidencia" el coste real de 'Ciberpime'. Los trabajos fueron desarrollados durante los años 2005 y 2006.
Los documentos aportados por la Benemérita incluyen asimismo varios correos que acreditarían el presunto amaño en favor del entramado societario Over Marketing y que revelan comunicaciones entre directivos de esta empresa, en las que se detalla cómo la facturación emitida y pendiente de 'Ciberpime' debía ascender a 91.691 euros (109.138 euros con IVA).
Del mismo modo, en los emails se detalle que parte de la facturación de la campaña publicitaria va dirigida a la empresa Indra Sistemas, que según la Guardia Civil no tenía nada que ver con 'Ciberpime' si bien durante esas fechas fue adjudicataria de otro concurso público por parte de la Conselleria de Economía, denominado 'Administración Digital', por un importe de alrededor de un millón de euros.
