Así lo ha decidido mediante un auto dictado este martes, por el que también ha decretado el sobreseimiento para Francesc Fiol, conseller de Educación y Cultura en la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), al tiempo que le ha citado a declarar como testigo el próximo día 16, a las 10.00 horas. La Fiscalía Anticorrupción mostró recientemente su conformidad con la petición de archivo del exalto cargo del PP.
De forma paralela, el magistrado también ha archivado las investigaciones -que constituyen la pieza número tres de las 27 que integran el caso Palma Arena- para el exsecretario general de la Conselleria de Educación y Cultura Sebastián Vanrell y el exgerente del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Andreu Obrador.
Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 mantiene en estas pesquisas la imputación del propio Matas, quien, según Calatrava, fue la persona que solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell que culminase con el levantamiento de un teatro de la Ópera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como el arquitecto y su equipo.
El ingeniero valenciano negó en su día que el anterior Govern del PP le favoreciese de forma irregular al adjudicarle, por encargo de Matas, la elaboración del anteproyecto, al tiempo que rechazó tajante haber pagado comisiones por recibir este encargo.
De hecho, su defensa alegó que es "habitual, y así lo permite la Ley de Contratos del Estado", que este tipo de desarrollos urbanísticos se lleven a cabo mediante un procedimiento de adjudicación directa y no por medio de un concurso público, "cuando se quiere contratar a un arquitecto de la singularidad y creatividad de Calatrava".
Por su parte, Fiol, quien el pasado mes de enero cursó su solicitud de sobreseimiento, ha defendido hasta el momento la legalidad con la que se efectuó el expediente de contratación de Calatrava, cuya tramitación fue llevada a cabo por el Ibisec, dependiente de la Conselleria de Educación, negando por tanto que incurriese en delito alguno en el marco de este procedimiento administrativo.
De hecho, en su declaración ante el juez, el 11 de febrero de 2011, el exconseller aseguró que la forma en que se tramitó el expediente estaba "perfectamente prevista" en la Ley y, de hecho, contó con un informe externo favorable, el de dos arquitectos del Ejecutivo balear y el de "la misma abogacía de la Comunidad Autónoma que está personada como acusación particular en este proceso".
En cuanto a Matas, Castro decretó contra él una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos que se derivaron de la contratación de Calatrava. Las acusaciones apuntan a que el exministro habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
Sin embargo, la defensa de Matas negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de "infundios" las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además estimaba la petición "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.
