Jueces decanos alertan de riesgo de politización con nueva Ley Poder Judicial

"Vamos a lo contrario de salvaguardar la independencia", ha asegurado el juez decano de Palma en una rueda de prensa en la que ha explicado el informe que ha elaborado la comisión nacional de jueces decanos sobre dicho anteproyecto legislativo.

Los jueces decanos consideran un punto clave de la reforma la supresión de la democracia interna y de la participación de los jueces en los órganos de gobierno, al eliminar la figura del juez decano y de facto la junta de jueces.

El juez decano será sustituido por el presidente del tribunal provincial de instancia, que en vez de ser elegido por los jueces será un cargo de confianza discrecional designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que en opinión de Martínez Espinosa "aboca a un régimen presidencialista"

El anteproyecto añade "otro elemento distorsionador" al introducir la posibilidad de que el presidente del tribunal de instancia pueda presidir el juicio que él tenga por conveniente, algo que según el portavoz de los decanos "puede llevar a una cadena de discrecionalidades que pueden condicionar y quebrantar la independencia de los jueces".

Además el presidente puede ser destituido por pérdida de confianza del CGPJ. "El riesgo de influencia política que denunciamos con motivo de la reforma de la designación del CGPJ se reproduce con las mismas pautas", ha alertado el decano de Palma.

Los jueces decanos consideran positiva la nueva organización territorial de la Justicia en tribunales provinciales de instancia pero han advertido de que es "inviable ni siquiera a medio plazo" en la actual situación "penosa de medios personales".

"Si al mismo tiempo no se moderniza, no se aportan más medios y no se dispone de más jueces, prácticamente doblando la plantilla para estar en la ratio de la Unión Europea, todos estos cambios e innovaciones no van a servir para nada", ha asegurado Martínez Espinosa.

En el caso de Baleares, tal unificación provincial es "inaplicable" por ser un territorio insular en el que no se puede acudir a Palma para resolver asuntos judiciales y por la dispersión de sedes.

Desde el año 2000, los asuntos civiles, sociales y contenciosos se han incrementado un 120 % y en cambio la plantilla judicial solo ha aumentado un 25 %, recoge el informe elaborado por los jueces decanos que también refleja que la Justicia se lleva el 1,15 % de los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Mientras la partida para Justicia ha descendido un 2,7 % este año, en otros ámbitos como la administración tributaria ha aumentado más de un 70 %. "Esto nos lleva a concluir que la Justicia no es una prioridad a lo que se añade la deficiente gestión que padecemos", ha dicho el decano de Palma.

"Si esto fuera una empresa privada, hace tiempo que nos habríamos ido al garete", ha asegurado y ha defendido que mientras haya dependencia presupuestaria del ejecutivo, la Justicia será "un poder mendicante" y no se podrá hablar "de una verdadera independencia".

Otro punto que critican los jueces decanos es el ataque a su libertad de expresión al prohibirles opinar sobre resoluciones judiciales, "algo que va más allá de lo conveniente", y también hacer consideraciones jurídicas sobre cuestiones competencia de otros poderes del estado.

"No lo entendemos como no sea con la voluntad de silenciar a la carrera judicial", ha dicho Martínez Espinosa que se opone a esta regulación y ha recordado que si algún juez se propasa en este aspecto "existe la vía disciplinaria".

También cuestionan la figura de la instrucción colegiada que supone que los órganos de investigación penal los integre más de un magistrado. Los jueces decanos pedían que un juez de instrucción pudiera tener el apoyo de otro para la instrucción de causas complejas, pero no de forma colegiada porque "podría ralentizar más que agilizar la instrucción".

Los jueces decanos consideran además "diabólico" el sistema de sustituciones que obliga a llevarlas a cabo a magistrados que ya afrontan una carga de trabajo superior a la deseable.