La aparición de nuevas facturas durante los interrogatorios llevados a cabo en Barcelona tanto en dependencias policiales como judiciales en el marco de las pesquisas en torno a las actividades del Instituto Nóos ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a demorar la petición de la fianza de responsabilidad civil que tiene previsto solicitar contra el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, así como contra su exsocio Diego Torres.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que el análisis de las distintas pruebas surgidas a lo largo de las declaraciones tomadas en la capital condal ha provocado que varíen las cifras con las que trabajan los fiscales de cara a reclamar la caución, que inicialmente estimaban en al menos dos millones de euros.
Y es que, con los testimonios de los cerca de noventa proveedores de Nóos que fueron interrogados entre septiembre en la Policía y octubre en los Juzgados los investigadores buscaban aclarar si estos testigos realmente realizaron los trabajos que facturaron, así como también si las cantidades de dinero que mediaron coincidían con las cantidades que había declarado el Instituto Nóos.
De hecho, el fiscal Pedro Horrach interrogó en septiembre en la Jefatura Superior de la Policía de la Via Laietana de Barcelona a una treintena de estos responsables de sociedades para dilucidar si las facturas que emitieron por servicios prestados a la fundación correspondín a costes de convenios con las administraciones de Baleares y Valencia.
Sin embargo, estas facturas no son los únicos factores sobre los que dependerá la cantidad de la fianza puesto que a todo ello se suma el resultado que arroje el informe que la Agencia Tributaria está a punto de presentar así como de la respuesta de las comisiones rogatorias libradas a Andorra, Suiza y Luxemburgo, que prevén ahondar en torno al destino del dinero que desde Nóos fue a parar a cuentas bancarias localizadas en estos países.
Todo ello permitirá cuantificar el dinero que presuntamente defraudaron Urdangarin y su exsocio para, a partir de ahí, solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria. Es más, del resultado de las comisiones y del informe de Hacienda, en caso de que arrojen nuevas pruebas, dependerá que el yerno del Rey Don Juan Carlos y Torres sean citados de nuevo a declarar ante el juez instructor José Castro.
CITACIÓN DE RITA BARBERÁ
Por otro lado, el magistrado continúa estudiando citar a declarar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, cuya comparecencia fue solicitada por el sindicato Manos Limpias después de que el nombre de la máxima mandataria de la capital levantina haya salido a relucir en varias ocasiones durante la instrucción de la causa, más en concreto en lo que se refiere a una comida que Urdangarin mantuvo con el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla, la propia Barberà y otros cargos del entorno del Duque.
De hecho, Rambla fue recientemente interrogado por Castro y en su deposición como testigo señaló que durante el envite -celebrado en marzo de 2008 y supuestamente sufragado con fondos de la Generalitat Valenciana-, el marido de la Infanta Cristina ofreció en representación de Nóos la organización de unos Juegos Europeos de la Juventud que finalmente no fueron celebrados, a pesar de que oficialmente dejó de estar vinculado a la entidad en 2006.
Más adelante, se prevé que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma emplace a declarar al vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, después de que el pasado 14 de mayo fuese suspendida su comparecencia en calidad de testigo por problemas de agenda.
Y es que los investigadores buscan esclarecer cuál fue el papel que el dirigente del PP jugó al frente de la empresa que presidía -la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana- cuando en diciembre de 2005 firmó, por seis millones de euros, un convenio con Nóos para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos. Una iniciativa que, pese a los 382.203 euros que acabó percibiendo el Instituto, nunca llegaría a celebrarse.
