Fiscalía reduce a dos años y medio su petición de cárcel para el exjurídico del Ibatur que desvió 95.000 euros

Al término del juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares y que este miércoles ha quedado visto para sentencia, la acusación pública ha solicitado que a Bonet le sean aplicadas las atenuantes de confesión y reparación del daño -ha devuelto la cantidad de la que se apoderó-, mientras que la Abogacía de la Comunidad Autónoma, personada como acusación particular, ha rebajado su petición de pena a dos años de cárcel y reclama que, en el caso de la atenuante de reparación, le sea aplicada de forma muy cualificada.

En concreto, el Ministerio Público acusa a Bonet, detenido hasta en dos ocasiones en el marco de esta causa, de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y falsedad por funcionario.

Sin embargo, la defensa del acusado ha pedido que su patrocinado sea condenado a cuatro meses y quince días de cárcel a sustituir por multa, pero no por un delito de malversación como el que mantiene la Fiscalía, sino por uno de falsedad, al justificar que Bonet en ningún momento tuvo disposición de los fondos públicos.

En cualquier caso, durante su declaración ante el tribunal, Bonet reconoció este martes que con el desvío de los fondos cometió un "error terrorífico" del que se arrepiente "profundamente" y justificó que los hechos sucedieron en una época en la que "no era yo mismo". El acusado manifestó, visiblemente afectado, que desde que fue detenido por primera vez justo, el 12 de febrero de 2009, "lo único que he tratado ha sido reparar el daño en la medida de lo posible, y pedir perdón por quienes han tenido que sufrir por lo que hice", admitió entre lágrimas.

En concreto, Bonet es el primer imputado del caso Ibatur (centrado en el presunto desvío masivo de fondos a través de esta empresa pública durante dos legislaturas -de 2003 a 2011-) que se ha sentado en el banquillo, y junto a él han sido juzgados cuatro familiares que resultaron beneficiados de esta trama, quienes se enfrentan por su parte a peticiones de entre nueve meses y un año y tres meses de prisión.

Los inexistentes servicios eran facturados al Ibatur para luego, una vez obtenido el pago, ser incorporado al patrimonio de estos acusados. Así, Bonet tramitó el pago de 20.543 euros a Alberto Garí; 32.306 euros en favor de Cristina Middelmann; 20.668 euros a Margarita Fiol -en una cuenta en la que también figuraba María Teresa F.N., de 97 años de edad y que no tuvo participación en los hechos-, y 22.018 euros a una cuenta de Silvina Guijarro, quien los puso a disposición de Bonet, y a quien le han sido retiradas las acusaciones.