Dolça Mulet alega que era "habitual" mantener "correspondencia" sobre facturas con los proveedores de su Conselleria

Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, en la que ha sido interrogada en torno a las subvenciones que obtuvo de la anterior Conselleria el empresario Jaume Fluxà -quien estuvo afiliado a Unió Mallorquina (UM)- pese a estar declarado insolvente.    

El propio Fluxà admitió haber percibido subvenciones por valor de unos 54.000 euros de la Institución insular entre 2004 y 2006 a pesar de que no estar al día en el pago de sus deudas y en sus obligaciones tributarias, requisito imprescindible para acceder a las ayudas de la administración. Es más, manifestó que percibió estos pagos tras haberse entrevistado con la propia Mulet para que ésta apoyase las subvenciones.

Al respecto, Mulet ha asegurado que con estas aportaciones "no se quiso premiar al señor Fluxà por ser de UM", ya que en ese momento ella no sabía que estaba afiliado a esta formación. Es más, ha negado que el dinero fuese concedido en favor de algún miembro del partido, al aseverar que "toda subvención iba directa a la entidad subvencionada" y "nada fue" para UM, al que también pertenecía la declarante.

Tal y como ha explicado, el proyecto presentado en 2004 por Fluxà y que fue subvencionado con 24.000 euros era "uno más" si bien ha alegado que se decidió que la aportación fuese nominativa dado que la iniciativa era "única y especial". Sobre el incumplimiento de las obligaciones tributarias del empresario, Mulet ha afirmado que no tenía "por qué saberlo" ya que detrás de ella había otros departamentos, que "son los que analizan los papeles y dicha entidad". "Yo no realizo los informes", ha espetado.

En esta misma línea, al ser preguntada si tuvo en cuenta si se aportaron facturas que justificasen el empleo del dinero, ha recalcado que tampoco este aspecto era de su competencia puesto que ella es "únicamente la política que lo propone". La encausada se ha desvinculado del mismo modo del hecho de que la memoria justificativa del expediente no explicase nada sobre el proyecto que pretendía desarrollar la empresa: "no me compete a mí", ha recalcado.

"FLUXÀ NO TUVO NINGÚN TRATO DE FAVOR"
Mientras tanto, en relación a la subvención que por la misma cantidad percibió el empresario un año después, ha asegurado que no se observó ninguna irregularidad al ser inquirida sobre si fueron hallados importes alterados a mano y otras presuntas ilegalidades. "Fluxà me trajo el nuevo proyecto para explicarme las novedades dentro del mismo", ha precisado sobre esta segunda aportación, recalcando que el empresario "no tuvo ningún trato de favor".

El empresario, asistido por la abogada Isabel Fluxà, apuntó que al margen de las dos subvenciones en 2006 la Institución y el Ayuntamiento de Pollença otorgaron 6.000 euros a la organización de la Nit Niu, de la que Fluxà era impulsor a través de la empresa Puerto Pollença Leisure, que se encuentra inactiva.

Todo ello constituye una de las líneas de investigación de esta causa, en el marco de la cual se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde el Govern a través de la empresa pública CAIB Patrimoni, durante el proceso de adjudicación para construir la nueva sede de la Conselleria de Salud y la del parque de bomberos.

En este contexto, las pesquisas apuntan a que la mercantil Atlas, que asesoró a CAIB en materia financiera y jurídica y confeccionó el pliego de condiciones que debía servir a la hora de efectuar las adjudicaciones, facturó de forma irregular a la UTE ganadora del concurso para la ejecución del parque de bomberos un total de 426.216 euros en concepto de honorarios de éxito, así como 142.848 euros a la concesionaria de la construcción de la Conselleria. Unos abonos que suponían el 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos.

Cabe recordar que entre las ocho personas que fueron detenidas en el marco de este procedimiento se encuentran el exdirector general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, el de Emergencias, Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y el exgerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, mientras que también está imputado el exconseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la magistrada sustituta Margarita Bosch decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.