La Mesa del Congreso ha frenado las preguntas que un grupos de diputados socialistas de Baleares había registrado pidiendo explicaciones al Gobierno sobre el supuesto espionaje del PP a diputados, jueces y fiscales en el archipiélago en 2010, cuando el PP ejercía la oposición.
En una de esas preguntas, los diputados Sofía Hernanz, Guillem García y Pablo Martín pedían conocer la opinión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y saber si piensa pedir la dimisión del presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Miquel Ramis, que era secretario general del PP balear cuando ocurrieron los hechos
Ramis explicó en su momento que, como secretario general de los 'populares' en Baleares, autorizó la contratación, con fondos del partido y con factura oficial, de una investigación para saber si hubo uso indebido de fondos públicos para gestiones privadas (un viaje a Andalucía) por parte de "gente que ocupaba un cargo público", pero al fin al el PP decidió no publicarlo porque era "una historia sin contenido".
NO CABE PEDIR AL GOBIERNO EL CESE DE UN DIPUTADO
Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha inadmitido esa petición de dimisión al considerar que no cabe solicitar al Ejecutivo que destituya a un diputado elegido por los ciudadanos. También ha pedido a los firmantes que precisen la redacción de otras preguntas para ajustarse a los límites que fija el reglamento para el control del Gobierno.
Los diputados preguntaban también si el Ministerio del Interior ha abierto un procedimiento sancionador en relación a su competencia en materia de seguridad privada y el espionaje a diputados socialistas y qué actuaciones está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado para depurar si los hechos tienen relevancia penal.
Asimismo, querían conocer las actuaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para investigar si existieron escuchas a jueces y fiscales.
La diputada socialista Sofía Hernanz justificó la presentación de estas preguntas alegando que los hechos denunciados son "lamentables" y "propios de prácticas mafiosas" pues suponen "un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial que no merecen los ciudadanos". "El Gobierno no puede mirar a otro lado cuando se espía a jueces y fiscales que están desarrollando una labor tan importante en la lucha contra la corrupción", ha denunciado.
