La Audiencia revoca la fianza de 500.000 euros que pesa sobre Matas en el caso Palma Arena

Así lo ha acordado mediante un auto el tribunal de la Sección Primera, después de que la defensa del exmandatario autonómico solicitase la revocación de las medidas cautelares acordadas en su día contra su patrocinado. En concreto, la retirada de la fianza se ha producido dentro de la pieza 2 del caso, en el marco de la cual el Tribunal Supremo redujo a nueve meses de cárcel la pena a la que Matas fue condenado por la Audiencia.

No obstante, el imputado continuará teniendo retirado su pasaporte y seguirá teniendo prohibido salir del territorio nacional, medidas que pesan sobre él en el marco de la pieza principal del caso Palma Arena y que, por tanto, continúan vigentes.

En su resolución, el tribunal alega que, después de que el TS se pronunciase sobre la condena de la pieza 2 -relativa a la contratación irregular del periodista que redactaba los discursos del expresidente-, ninguna acusación ha mantenido la petición de privación de libertad contra Matas -sea o no bajo fianza-, por lo que "necesariamente procede dejarla sin efecto".

Fue tras tomarle declaración durante dos días cuando el juez Castro decretó la fianza de tres millones de euros para el exministro dentro del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.

Los investigadores apuntan a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007), considerada infraestructura 'estrella' de la segunda legislatura del exmandatario (2003-2007).

Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien durante su primera declaración ante el juez manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler de un local ubicado en la calle Sant Miquel, de Palma, no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar la vivienda que posee en el casco antiguo, más conocida como 'palacete', y negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.