Aina Calvo, citada como testigo ante el juez del caso Ossifar

La exalcaldesa de Palma y secretaria general de los Socialistas de la capital balear, Aina Calvo, ha sido citada a declarar este jueves, en calidad de testigo, en el marco de la causa que investiga un desvío de hasta 1,5 millones de euros en la adquisición de contenedores soterrados de basura en la ciudad, más conocida como caso Ossifar, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Junto a ella también ha sido emplazado para el mismo día el exteniente de alcalde de Hacienda Andreu Alcover, así como el exjefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, quien había solicitado deponer de nuevo ante el juez instructor de estas pesquisas, Pedro Barceló, quien este viernes ha tomado declaración a la exnúmero dos de UM en el Ayuntamiento de Palma, Cristina Cerdó.

El magistrado pretende, con la citación de los dos exaltos cargos socialistas, esclarecer las supuestas irregularidades urdidas durante la pasada legislatura, cuando el equipo de gobierno liderado por Calvo contaba entre sus filas a cargos de Unió Mallorquina a quienes se imputa la comisión de estos hechos, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por la exprimera edil en verano de 2009.

En concreto, los investigadores elevan a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos que presuntamente se desviaron a través de la adquisición de contenedores soterrados de basuras a la empresa Seguridad y Limpiezas S.A.

Unos hechos que se produjeron después de que el Ayuntamiento convocase el 10 de febrero de 2009 un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales y sanitarias.

Tras este proceso, Seguridad y Limpiezas se hizo con el contrato para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión, tal y como refleja una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia a la que tuvo acceso Europa Press.

La causa investiga de forma paralela si la extinta UM puso en marcha un departamento dentro de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) con el único fin de gestionar "favores" a personas y entidades afines a la formación, contratar a quienes hubieran realizado funciones políticas en beneficio del partido e impulsar directrices que pudieran favorecer la imagen de la formación así como de sus dirigentes, más en concreto de los excargos públicos Miquel Nadal y Cristina Cerdó.

De hecho, el propio Chacártegui ha señalado en el marco de este procedimiento judicial que el departamento, denominado Ciudadanía,

"no tenía razón de existir" puesto que ya existía el llamado Call Center de atención al ciudadano las 24 horas del día.

Según el imputado, en el departamento, que no contaba con presupuesto alguno, fueron contratadas cinco personas afiliadas a UM y tenía entre sus "misiones" que cualquier persona que fuese contratada en Emaya tenía que pasar antes por esas oficinas "para que les dieran una charla, recordándoles que en las siguientes elecciones tenían que pagar con su voto el favor que les había hecho UM al contratarles".

Del mismo modo, la "segunda misión" consistía en atender "a clientes VIP: personas afines a UM". El encausado ha precisado que este departamento "no tenía ni presupuesto ni había sido formalizado a través del consejo de administración", como tampoco "era público y de hecho, cuando UM perdió las elecciones, desapareció".