Como estaba previsto, los grupos de la oposición han rechazado ese texto, a pesar del ofrecimiento de última hora de la ministra de Hacienda. María Jesús Montero, que ya les había planteado convertir el decreto en un proyecto de ley para añadir sus enmiendas, ha propuesto también que, de esos 5.000 millones, 3.000 se repartan entre todos los municipios españoles, en función de su población. De esta forma, Zaragoza, que no cuenta con remanentes para optar al resto del fondo, sí que recibiría cerca de 43 millones de euros.
La ministra, que estos días ha contactado con el alcalde de Zaragoza, insiste en que el acuerdo de Hacienda con la Federación de Municipios es legítimo, aunque solo saliera adelante gracias al voto de calidad del PSOE, y considera que cuestionar esa legitimidad es negar la democracia. Advierte, además, de que no existe ninguna solución alternativa que sea legal. Sin embargo, el diputado del Partido Popular, Antonio González, cree que el decreto impone un “corralito” a los ayuntamientos, obligándoles a ceder sus remanentes, y rechaza la propuesta socialista.
Los socialistas recuerdan que este decreto también actualizaba las entregas a cuenta para los ayuntamientos, flexibilizaba la regla de gasto e incluso creaba un fondo de 400 millones de euros para compensar el descenso de usos del transporte público en las ciudades. La diputada del PSOE, Patricia Blanquer, cree que rechazar el texto es atacar el municipalismo, con el único objetivo de avivar la confrontación y desgastar al Gobierno.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que estas semanas ha estado liderando la oposición al Real Decreto-Ley, ha asistido hoy a ese debate en el Congreso de los Diputados. Reconoce que ha hablado por teléfono con la ministra de Hacienda, pero asegura que ella se negó a negociar. Azcón rechaza esa oferta de última hora, que califica de “regateo”, y exige al Gobierno que reparta los 5.000 millones entre todos los ayuntamientos.