Denuncian lo que califican como racismo administrativo, ya que los inmigrantes irregulares tienen muchos problemas para legalizar su situación es España. Por eso, exigen una reforma de la Ley de Extranjería. El portavoz de este colectivo, Moussa Fall, lamenta que este colectivo tienen cada vez más problemas para acceder a la sanidad o servicios esenciales.