De momento, el Estado y el Ejecutivo autonómico han creado un grupo de trabajo para analizar esos artículos conflictivos.
Guillén recuerda que ese punto existía, en términos idénticos, en todos los anteproyectos anteriores de la Ley de Capitalidad, incluido el que defendió el Gobierno popular de Luisa Fernanda Rudi. Por ello, el consejero cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy actúa movido por un ataque de celos, porque el PP nunca logró sacar adelante esta ley. El Ejecutivo aragonés pidió al Gobierno central una reunión de la Comisión de Resolución de Conflictos para intentar evitar los tribunales. La respuesta afirmativa de Madrid se ha filtrado a los medios antes de llegar a Aragón, una circunstancia por la que Guillén acusa al Estado de deslealtad. Todavía no se conoce la fecha para ese encuentro, en el que ambas partes negociarán posibles cambios en la Ley de Capitalidad. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, está de acuerdo con la posición del Ejecutivo aragonés. Insiste en que la Ley de Capitalidad es legal y acusa al Gobierno de España de intentar influir en la política de la Comunidad Autónoma.