Tras la anulación de plusvalías, el Ayuntamiento debe replantear las ordenanzas relativas a ese impuesto y deja en stand by la preparación del presupuesto de 2022. Año en el que se prevía recaudar 45 millones en concepto del impuesto cuyo sistema de cobro ha sido anulado. El consistorio pide un fondo de compensación al Gobierno de España, que no ha movido ficha sobre el asunto pese a los avisos lanzados por los tribunales en los últimos años.
Ayer la Comisión extraordinaria de Hacienda aprobó las ordenanzas no vinculadas a plusvalías. Baja el tipo general del IBI o se amplía el plan fiscal de atracciones de inversiones a más empresas.
