La Policía y la Agencia Tributaria han desarticulado una red dedicada a blanquear los beneficios de cuatro grupos de narcotraficantes de Canarias que ha movido en los últimos cinco años más de 11 millones de euros hacia Marruecos y Mauritania, un dinero que luego regresaba a España con apariencia legal.
Según han informado este miércoles los ministerios de Interior y Hacienda en una nota conjunta, ocho personas han sido detenidas en esta operación, acusadas de facilitar que el dinero del narcotráfico saliera de Canarias hacia países africanos por canales informales,
ajenos a los bancos y a los movimientos económicos más habituales.
Esos fondos volvían después al sistema bancario español con apariencia legal y eran invertidos por una organización a nombre de empresarios de Mauritania en la compra de diferentes bienes muebles que luego se exportaban a ese país.
La investigación sobre este grupo se abrió a finales del año pasado, cuando las fuerzas de seguridad recibieron información que podía ayudar a destapar una red de lavado de dinero al servicio de cuatro organizaciones de narcotraficantes radicadas en Canarias.
Las indagaciones realizadas por la Policía y la Agencia Tributaria permitieron localizar movimientos por un montante total superior a 11 millones de euros entre los años 2013 y 2018, realizados supuestamente por miembros de ese grupo.
Esta operación lleva el nombre de "Hawala", en referencia a las redes informales de transferencia de fondos a través de personas de confianza frecuentes en varios países de África y el mundo árabe, que en ocasiones han servido para mover fondos asociados al
terrorismo o el narcotráfico, como en este caso.
La Policía ha practicado siete registros para desarticular esta red: cinco en inmuebles de Gran Canaria, uno Lanzarote y otro en Tenerife, donde han sido detenidos cuatro ciudadanos marroquíes, dos mauritanos y dos españoles, todos ellos hombres.
En esos registros, las fuerzas de seguridad también se han incautado de 2,75 kilos de hachís y 57.200 euros.
Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la provincia de Las Palmas y funcionarios Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Canarias.