Baleares, Murcia, Valencia, Canarias y Andalucía son las comunidades con mayores tasas, mientras que las menores se dan en La Rioja, País Vasco, Extremadura y Galicia.
El año pasado, los órganos judiciales dictaron más de 46.300 sentencias penales. La mayoría, el 61,2% de ellas fueron condenatorias, lo que supone un ligero aumento del 1,2%.
El número de menores enjuiciados bajó un 14%. En una nota, la presidenta del Observatorio del Poder Judicial dice que la situación se mantiene estable porque cada vez hay menos miedo a denunciar.
Aún así, Ángeles Carmona destaca que este horror parece enquistarse en la sociedad y por eso insiste en la necesidad de denunciar, acompañar a la víctima en el proceso judicial y en la coordinación de las instituciones.
