EE.UU. permitirá demandar a las compañías que se beneficien de activos naconalizados por el régimen castrista

Después de tres meses de amenazas, el Gobierno de Donald Trump ordenará este miércoles levantar por primera vez la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, una decisión que podría generar demandas contra empresas de todo el mundo, entre ellas el grupo Meliá en España.

"Mañana, Estados Unidos pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton", adelantó hoy un alto cargo estadounidense a una decena de medios, entre ellos Efe.

La medida entrará en vigor a partir del 1 de mayo, cuando caduca la última suspensión del Título III dictada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicaron a Efe fuentes oficiales.

Su aplicación permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante tribunales de EE.UU. a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Esa decisión promete inflamar las tensiones con la UE, cuya alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió este mes en una carta a Pompeo de que el bloque podría demandar a EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si

Washington implementaba esa medida.

"Tienen derecho a demandarnos, y nosotros tenemos derecho a verles fracasar", sentenció el citado alto cargo estadounidense al ser preguntado por esa posible demanda.

"(Los europeos) han tenido más de 23 años de suspensión (del Título III), de lucrarse con la propiedad robada a ciudadanos estadounidenses", añadió la fuente, que cuestionó que la OMC tenga jurisdicción para mediar en este caso.

La UE ya demandó a EE.UU. ante la OMC hace dos décadas, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, pero retiró esa querella una vez que la Casa Blanca accedió a dejar en suspenso ese capítulo del texto.

Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses han mantenido, en notificaciones regulares al Congreso, la suspensión del Título III, hasta que Trump lo puso en duda este año en el marco del recrudecimiento de su política hacia Cuba.

El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, explicó a Pompeo este mes que Madrid se oponía a la entrada en vigor de esa medida por una "cuestión de principios", pero también porque podría perjudicar a empresas españolas como el grupo Meliá, con sede en España y que opera en Cuba.

A esa compañía hotelera no solo podría afectarle la aplicación del Título III, sino también la decisión de la Casa Blanca de empezar a implementar también el Título IV de la ley, que restringirá la entrada en EE.UU. de quienes "posean propiedades confiscadas de estadounidenses o trafiquen con esas propiedades".

Según el alto cargo, Washington no planea conceder "ninguna exención" a empresas extranjeras que puedan resultar afectadas.

Eso puede abrir la puerta a "cientos de miles de demandas" en los tribunales de EE.UU., de acuerdo con Robert Muse, un abogado en Washington experto en la legislación estadounidense sobre la isla.

"Cualquier compañía que invierta en Cuba va a estar preocupada por una demanda en EE.UU." porque "el Gobierno cubano nacionalizó toda la isla" tras la Revolución, explicó Muse a Efe.

El Gobierno de Cuba también podría verse implicado en ese tipo de demandas, lo que crearía un "lío gigantesco" porque no se espera que acuda a defenderse en los tribunales estadounidenses, agregó.

El alto cargo que habló con Efe pronosticó, en cambio, que la medida no causará mas que "un bache en el mundo de los negocios".

"Lo que hace esto es autorizar las demandas. No hay ningún cambio de la noche a la mañana", insistió.

El Departamento de Estado hará oficial la decisión la mañana del miércoles, y después la ratificará el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, durante un discurso en Miami para anunciar más sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Grupos del exilio cubano en Miami dieron hoy la bienvenida a la decisión de EE.UU., que promete aumentar la incertidumbre para los interesados en invertir en Cuba en un momento en el que Washington responsabiliza a La Habana de la permanencia en el poder en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.