El TSJC cita a cargos del Govern y empresarios como testigos por compra de urnas

En una providencia, la magistrada del TSJC Mercedes Armas cita a declarar para los próximos 11 y 16 de octubre a esos ocho testigos y pide al Tribunal Constitucional (TC) que le remita las notificaciones que en los últimos meses ha enviado a miembros del Govern advirtiéndoles de la inconstitucionalidad de varias resoluciones encaminadas a celebrar el referéndum ilegal.

Concretamente, la magistrada ha citado para el día 10 de octubre a los responsables de las empresas Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida, que optaron al concurso que convocó el Departamento de Gobernación para la licitación de urnas para la Generalitat, posteriormente declarado desierto porque se consideró que no reunía los requisitos técnicos del proyecto.

Para el 16 de octubre próximo, la juez ha llamado como testigos a varios cargos de la Generalitat, entre ellos Meritxell Masó, secretaria general del Departamento de Gobernación; Carles Sala, secretario de Vivienda; y Joaquim Ferrer, secretario de Administraciones Locales.

También han sido citados Xavier Uriós, abogado jefe del Departamento de Gobernación y director general de Asuntos Contenciosos; Montserrat Bonastre, de la Intervención General; y Esther Obach, secretaria de Función Pública.

Masó, Obach, Sala y Ferrer fueron los cargos de la Generalitat que, el pasado mes de junio, firmaron el acta por el que se declaró desierto el concurso para la compra de urnas.

La convocatoria de ese concurso de licitación para proveer de urnas a la Generalitat motivó que la Fiscalía se querellara contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, al sospechar que ese material iba ser usado para celebrar un referéndum de independencia en Cataluña.

A la querella contra Borràs se sumó la que la Fiscalía presentó el pasado 8 de septiembre contra todos los miembros del Govern -incluida la consellera de Gobernación- por convocar el referéndum de independencia la noche del pasado día 6, mediante un decreto que firmó el Consell Executiu en pleno.

El TSJC admitió a trámite el pasado 8 de septiembre la querella por la convocatoria del 1-O y la unió a la misma causa en la que ya investigaba a Borràs por la licitación de urnas.