El Consejo de Ministros aprobará una nueva ley que busca aumentar la confianza en el trabajo de los auditores y limita a diez años el contrato por el que estos profesionales podrán supervisar las cuentas de bancos, aseguradoras o cualquier empresa cotizada, incluidas las pequeñas.
Además, según recogía el anteproyecto de la ley de auditoría, este límite temporal también se aplicará a los auditores de otras entidades consideradas de interés público, como instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades recíprocas.
Transcurrido este plazo de diez años, y si se celebra un concurso público, el mismo auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro nuevo y se realice una auditoría conjunta para validar el trabajo llevado a cabo hasta la fecha.
Ahí no quedan las novedades de esta nueva ley, que fija también topes a los honorarios que reciben las auditoras y ha generado malestar entre este colectivo, que en los últimos meses criticó la rapidez con la que el Gobierno abordaba el asunto.
España tenía de plazo hasta el 17 de junio de 2016 para trasponer la directiva comunitaria sobre esta materia a la normativa española, un tiempo que los auditores pensaban que debía aprovecharse "para no cometer errores".
Aún así, tras algunos casos sonados como la relación entre Bankia con su exauditora Deloitte, el escándalo de Pescanova tras ocultar una contabilidad paralela a la firma BDO, y el fiasco de Gowex, con unas cuentas falsas validadas por la firma M&A, el Ejecutivo ha decidido fijar desde ya las nuevas reglas del juego.
