Madrid |
Más bien al contrario. La Abogacía está tardando más de lo que inicialmente parecía prever el Gobierno el tiempo que necesita para vestir jurídicamente ese gesto que espera ERC.
La complicación reside en que cualquier petición de libertad para Junqueras, para que jure el cargo de eurodiputado y participe en las sesiones del Europarlamento, como le gustaría a ERC, supone no reconocer la condena firme a trece años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargo público, ni tampoco la Ley Electoral, que establece que los condenados en firme no pueden ser diputados.
El tribunal del 'procés' tiene previsto recibir las alegaciones de aquí al dos de enero, cuando termina el plazo, y comenzar a deliberar al día siguiente sobre un borrador cuyo esqueleto está preparando estos días con el análisis en profundidad de la sentencia de Luxemburgo.