Ribó se ha dirigido al Ayuntamiento, a la empresa concesionaria y a la Agencia Catalana del Agua (Aca) para conocer las actuaciones que se han llevado a cabo para garantizar el suministro de agua potable, y también ha pedido información sobre la posible compensación a las personas afectadas.
En un control de calidad de finales de julio, la empresa gestora del suministro, Sorea, detectó una concentración de productos fitosanitarios en la red de abastecimiento público por encima de la concentración máxima permitida.
El pasado 7 de agosto, el consistorio comunicó a la población que el agua no era apta para beber ni cocinar, y pese a que inicialmente la contaminación también afectó a Forallac, el 13 de agosto el consistorio de este municipio declaró que el agua volvía a ser potable al abastecerse esta localidad de otro pozo.
Mientras dura esta situación, el Ayuntamiento de La Bisbal ha establecido unos puntos de abastecimiento de agua potable, a los que se suma la ayuda de un camión cisterna a partir del 16 de agosto.
Dado que el acceso de agua potable es un derecho humano esencial, el Síndic ha abierto una actuación de oficio para analizar la situación, la actuación de las administraciones implicadas y las empresas competentes.
Desde la perspectiva medioambiental, el Síndic pedirá información para conocer las causas y el origen de la contaminación del agua; y desde la perspectiva de consumo, pedirá información sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de La Bisbal, la empresa concesionaria y la ACA.
El Síndic también pedirá información sobre si se prevé la posibilidad de compensar a las personas afectadas por un servicio que no han podido usar.
