Es su propuesta frente a la del ministerio de Empleo que precisamente le resta poder en la administración de los cursos. Los agentes sociales recuerdan que son ellos "los que pagan a través de la cuota de formación la mayor parte del sistema" y por eso "quieren que sean las empresas las que decidan la formación a realizar en función de sus necesidades con participación de los sindicatos y poder elegir el centro donde realizarlo".
Lo pretenden hacer mediante un “crédito-formación” que les devolvería el 100% de lo cotizado en el ejercicio anterior. En el resto de los siete puntos del documento los interlocutores piden crear un fondo con el dinero que no se use que sería de gestión bipartita (empresarios-sindicatos) para evitar que disponga de él el Gobierno.
Por último, en busca de dotar a la formación de mas transparencia, otorgan a la Administración la competencia de controlar la ejecución y la calidad tanto de los cursos como de los centros donde se impartan.
