Las ECUV permitirán que los ayuntamientos deriven a estas entidades privadas parte de la tramitación de licencias de obra, descargando así de trabajo a los servicios municipales, que en muchos casos están desbordados. La ley establece un plazo máximo de dos meses en la tramitación de los expedientes y en el caso de València la vicealcaldesa y concejala de desarrollo urbano, Sandra Gómez, ha reconocido que actualmente el plazo ronda los 9 meses de media. Gómez ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento es rebajar el plazo a un mes cuando las ECUV comiencen a funcionar.
La concejala ha añadido que la regulación “solventará el histórico problema del atasco de licencias” y llega en un momento especialmente oportuno porque “ ante la crisis provocada por el coronavirus las adminisitraciones públicas deben ser un revulsivo y no una traba para las actividades económicas”. Según los datos aportados por Gómez, actualmente hay en el consistorio 41 licencias urbanísticas pendientes de resolución, y a lo largo de 2019 se resolvieron 93 expedientes.
El decreto que el Consell aprueba el viernes fija un plazo de un mes para que las empresas interesadas se inscriban en un registro oficial de ECUV. Estas entidades podrán intervenir en la tramitación de licencias para obras nueva, o para reformas y rehabilitaciones. Sandra Gómez ha señalado que en el caso de que se trate de edificios protegidos el Ayuntamiento mantendrá una “supervisión especial”.
Las funciones de estas entidades serán verificar que las actuaciones urbanísticas se ajusten a la normativa técnica de edificación y, si previamente se obtiene cédula de garantía urbanística, que se ajustan a la legalidad urbanística y al planeamiento. Las entidades colaboradoras podrán intervenir tanto en el procedimiento de licencia de obras municipal como en las actuaciones urbanísticas previstas en el artículo 214 de la LOTUP que podrán pasar al régimen de declaración responsable.
El decreto establece un régimen estricto de habilitación para el ejercicio de la actividad y de incompatibilidades. Además, con el fin de garantizar la calidad de los servicios prestados por estas entidades, la Dirección General de Urbanismo fijará un sistema de precios mínimos y máximo que podrán percibir en el desarrollo de su actividad. La Comunitat Valenciana es una de las primeras autonomías que regula estas entidades con un régimen muy concreto, cuya aplicación no requiere un desarrollo reglamentario por parte de los entes locales.