El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola ha cargado este jueves contra el Gobierno central después que un decreto del mismo impida que se pueda renovar el contrato de 65 trabajadores municipales, contratados en régimen de colaboración social, sistema que se ha venido aplicando desde hace dos décadas y que permitía trabajar y poder cobrar una prestación.
Ana Blasco (PP), concejala de Recursos Humanos, ha asegurado que no se puede renovar a esos trabajadores porque el Decreto del Gobierno de España “no lo permite”, siendo “una disposición derogatoria de obligado cumplimiento”.
De los 65 trabajadores y trabajadoras afectados, en 22 de los casos la relación contractual con el Ayuntamiento de Santa Pola ha expirado en los últimos días, mientras que en el resto de supuestos eso ocurrirá en los próximos meses.
“Se trata de personas, con familia y con nombres y apellidos, no son números y desde el Gobierno de España no se puede, por culpa de decisiones políticas, acabar con la colaboración social que ha funcionado durante muchas décadas”.
