El ministerio público acordó abrir diligencias de investigación penal en junio de 2013 después recibir la documentación perteneciente a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, cuya sentencia de 22 de mayo de 2013 acordaba deducir testimonio de particulares y remitirlos a la Fiscalía al entender que existían indicios de prevaricación y malversación en la actuación de la Diputación por la organización de ese festejo en 2010 y 2011 en relación con entradas adjudicadas al Ayuntamiento de Vila-real sin contrato y cuyo valor fue sometido a compensación.
La Fiscalía decidió solicitar a la Diputación información sobre el funcionamiento de la Escuela Taurina y ayuntamientos que hubieran recibido entradas para dichas Corridas de la Beneficencia, así como recibir declaración del alcalde de Vila-real en calidad de testigo, entre otros.
Según la documentación aportada y las declaraciones practicadas, la Corrida de la Beneficiencia de los años 2010 y 2011 fue organizada y gestionada directamente por la Diputación de Castellón, puesto que la Escuela Taurina se limitó a aspectos puramente taurinos, siendo un simple intermediario en la gestión económica.
Dicha corrida, según la Fiscalía, consistía en festejos taurinos con una corrida de toros y una novillada sin picadores organizados por la Diputación para, una vez deducidos los gastos, obtener un remanente con destino a obras sociales. El coste ascendió a 156.884,23 euros en 2010 y a 179.012,11 euros en 2011.
Así mismo, las resoluciones y propuestas sobre los precios previstos para las entradas, calculadas en función de los gastos y los beneficios pretendidos, las adoptaron y firmaron Carlos Fabra y Francisco Martínez.
De esta forma, en esos años, y para evitar que la Corrida de la Beneficencia fuera deficitaria, con una decisión no documentada tomada por Fabra y Martínez, "y en la que pudieron haber participado otras personas por el momento no determinadas", al parecer, al igual que en fechas anteriores, se adjudicó un determinado número de entradas a municipios de la provincia "sin que mediase ningún tipo de solicitud por escrito, ni contratación, ni convenio entre la Diputación Provincial y los determinados ayuntamientos".
Con estas cantidades, según el ministerio fiscal, la Diputación se aseguraba los ingresos necesarios para sufragar los gastos y cuyo pago, caso de no efectuarse por los ayuntamientos, se compensaba con deudas que éstos tuvieran con la institución provincial, "sin que conste se siguiera el procedimiento de compensación de deudas entre administraciones" y sin que tales cantidades "pudieran compensarse al no ser deudas presupuestadas en el ayuntamiento".
Así ocurrió con el Ayuntamiento de Vila-real, al que, según la Fiscalía, giraron por la Diputación dos facturas de 9.600 y 10.250 euros por las Corridas de la Beneficencia de 2010 y 2011 que, según manifestó su actual alcalde, no existe constancia de que se recibieran en el ayuntamiento y respecto de las que se resolvió compensar con deudas derivadas de la recaudación de tributos del consistorio, decisión sobre la que la corporación local presentó los recursos que componen el origen de la sentencia que originó esta investigación.
La Fiscalía apunta en su escrito que la Corrida de la Beneficencia tuvo una gestión "muy diferente" en 2013, con Javier Moliner como presidente de la Diputación, ya que se organizó como un festejo incluido en las Fiestas de la Magdalena y no directamente por la institución provincial, sino mediante un convenio entre la Diputación y la sociedad 'Tauro Castellón SL', encargada de la gestión de la Plaza de Toros de Castellón.
Además, añade que Moliner remitió una carta a todos los alcaldes en la que se les invitaba a colaborar en el evento y se efectuó una reserva de plazas para cada ayuntamiento y se solicitó expresamente la confirmación de la reserva o su posible aumento.
