El PSM denuncia que Govern quiere reducir personal de las residencias

La diputada del PSM-IV-ExM Fina Santiago ha denunciado hoy que el Govern pretende reducir el personal de las residencias de mayores y de discapacitados físicos y psíquicos, una medida con la que 450 personas se irían al paro y que disminuiría las ya de por sí bajas ratios de cuidadores en esos centros.

Santiago ha informado en rueda de prensa de que el próximo miércoles se celebrará una reunión del Consejo de Servicios Sociales, en el que están representadas las instituciones públicas y las asociaciones del sector, para discutir la línea a seguir en esta materia.

En la reunión, ha dicho, el Govern expondrá una serie de propuestas encaminadas a su juicio a "menguar la calidad social" de la comunidad, una de ellas la citada reducción de personal.

Ha explicado que en las residencias de personas mayores se pasará de una ratio de 66 trabajadores por cada 100 usuarios a 52, en residencias de discapacitados físicos de 77 a 64 y en centros de discapacitados psíquicos de 77 a 63.

Santiago ha opinado que las ratios ya están "muy ajustadas a la realidad" y ha recordado que los usuarios de las residencias son personas que requieren atención las 24 horas.

Además, en su opinión estas medidas facilitan la privatización de estos servicios, "al igual que lo que ocurre en la sanidad pública".

Santiago ha calculado que alrededor de 450 personas pueden perder su trabajo con esta medida, la cual se suma a otra reducción de servicios sociales en atención primaria.

Esta última partida que el Govern paga a los ayuntamientos se ha reducido de 90 millones en 2011 a 45 en 2012 y 30 en 2013, lo que significa, según la diputada, que muchos trabajadores de servicios sociales de los municipios "se irán a la calle porque los ayuntamientos no recibirán el dinero".

Otra de las propuestas del PP dañina para este sector, según Santiago, es la de retardar la aplicación de la cartera de servicios sociales hasta el año 2015 (tenía que haberse instaurado este año), lo que significará que "todavía en el siglo XXI" los ciudadanos de las islas no tendrán derechos reclamables.