En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dado tres días a la Fiscalía, las Abogacías del Estado, Baleares y la Generalitat Valenciana, PP balear, Manos Limpias y Frente Cívico Somos Mayoría para que se pronuncien sobre la petición de los ediles socialistas, personados como acusación popular-. En caso de que Grau fuese finalmente citado, su declaración tendría lugar en la capital balear y previsiblemente dentro de las próximas dos semanas, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
Mientras tanto, Castro ha otorgado diez días a Hacienda para que determine de forma definitiva si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, defraudó a Hacienda en 2007 y 2008, después de que éste haya rechazado en un reciente escrito haber incurrido en la comisión de los delitos fiscales que se le imputan. El encausado rebatía las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que le acusan de haber defraudado más de 240.000 euros del IRPF.
De este modo, será cumplidos estos plazos, siempre que no aparezca ningún elemento nuevo que altere el curso de las pesquisas, cuando el juez dicte el conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa, entre los que se encuentra la Infanta Cristina, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.
Con esta resolución, contra la que cabrá tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia-, Castro dará paso a las acusaciones del caso para que presenten su escrito de calificación provisional en el que concretarán a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.
En el caso de la hija del Rey, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados, la Fiscalía solicitará que responda civilmente -a título lucrativo- de los fondos supuestamente defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.
De hecho, el artículo 122 del Código Penal establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados. El fiscal se amparará en este precepto para solicitar a la Infanta la fianza de responsabilidad civil.
