COMISION INVESTIGACION ALPHA PAM

PP y oposición se enzarzan y no logran pactar una declaración de duelo por Pam

La muerte de Alpha Pam se convierte de nuevo en arma arrojadiza en el pleno del Parlament

ondacero.es

Baleares | 28.05.2013 00:00

La lucha dialéctica entre el PP y los grupos de la oposición les ha impedido pactar una declaración mínima para que el Parlament lamente la muerte por tuberculosis del inmigrante senegalés sin tarjeta sanitaria Alpha Pam, cuyo caso ha vuelto a ser hoy arma arrojadiza en el pleno de la Cámara.

El PP y MÉS se han culpado mutuamente de que en el pleno del 14 de mayo no se lograra consensuar una declaración de duelo por el fallecimiento hace casi 40 días del joven inmigrante, mientras que el PSIB ha responsabilizado al Govern de la falta de diagnóstico de Pam y el grupo del Gobierno ha acusado a socialistas y nacionalistas de tratar de sacar provecho político de la muerte de una persona.

Después de que en el turno de preguntas el propio presidente del Govern, José Ramón Bauzá, se encarara con la oposición por acusar al PP de negarse a lamentar la muerte del senegalés, MÉS ha enmendado una propuesta del PSIB para introducir un texto en el que, además de expresar el lamento por el caso, instaba a la Conselleria de Salud a modificar "lo que sea necesario" para que no se repita.

El PP ha propuesto otra enmienda que simplemente rezaba: "El Parlament lamenta profundamente la muerte del señor Alpha Pam", pero los socialistas no la han aceptado, por lo que finalmente el grupo mayoritario ha votado en contra y se ha frustrado la oportunidad de que la Cámara autonómica exprese su pesar por el fallecimiento por tuberculosis de un vecino de Mallorca sin permiso de residencia.

Esta misma votación ha servido para descartar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso, que había sido propuesta por el PSIB con el propósito de que se analizaran los hechos y se recogieran los testimonios de los profesionales sanitarios y de servicios sociales que trataron a Pam.

El portavoz adjunto socialista, Vicenç Thomàs, ha insistido en que el joven no fue atendido adecuadamente a consecuencia del cumplimiento estricto por parte del Govern de la normativa estatal que ordena la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia.

Además, Thomàs ha responsabilizado directamente al conseller de Salud, Martí Sansaloni, y al presidente Bauzá. "Sabían lo que pasaba y no hicieron hada a conciencia", ha dicho en alusión a las pruebas que les mostró Médicos del Mundo para denunciar que en algunos hospitales se cobraba la asistencia urgente a los "sin papeles".

La diputada del PP María José Bauzá ha indicado que la investigación que reclama la oposición ya ha sido hecha por técnicos de la Conselleria de Salud y demuestra que Alpha Pam sí fue atendido por la sanidad pública, aunque se produjeron fallos cuando acudió al hospital de Inca por los que fue destituido la semana pasada el que era director del centro, Fernando Navarro.

La representante popular ha negado que la muerte del senegalés tenga que ver con el decreto de limitación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia, una norma que forma parte de la política del PP para garantizar la pervivencia del sistema sanitario público, ha argumentado.

Por contra, la diputada de MÉS Fina Santiago ha defendido la necesidad de que el Parlament dilucide qué ocurrió en un caso que pone de manifiesto las consecuencias de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, una medida que, a su juicio, contraviene el principio estatutario de que "la sanidad tiene que ser universal".

"Si Alpha Pam hubiese tenido tarjeta sanitaria habría sido atendido", ha recalcado Santiago, quien ha lamentado la "obediencia ciega" de Sansaloni a una norma estatal que otras comunidades, incluso gobernadas por el PP, no han aplicado de manera tan excluyente.

Por otro lado, el Parlament sí ha aprobado hoy dos declaraciones de mínimos: por un lado una moción en la que se insta al Govern a hablar con los ayuntamientos afectados del proyecto ferroviario Manacor-Artá y por otro una proposición no de ley en la que se anima al ejecutivo a presentar un plan de empleo fruto del diálogo con los agentes sociales

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