Así se ha pronunciado a preguntas de los medios de comunicación en relación a las consideraciones vertidas en un auto por el tribunal de la Sección Segunda, que consideraba necesario dar paso a la siguiente fase procesal, en la que la Fiscalía Anticorrupción y demás acusaciones deberán determinar definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos como paso previo a su enjuiciamiento.
Al respecto, el magistrado ha señalado que este martes "entró un auto [en el Juzgado] pero no lo he leído a fondo. Me llegó a última hora", ha precisado el juez. Inquirido sobre si en la resolución por la que pondrá fin a la instrucción resolverá si mantiene la imputación de la Infanta Cristina, Castro ha respondido de forma afirmativa.
En el auto de la Sección Segunda, la Sala acordaba que Manos Limpias y Frente Cívico 'Somos Mayoría', promovida por el exdirigente del PCE e IU Julio Anguita, ejerzan sus acciones penales de forma conjunta y bajo la misma representación y dirección letrada en el marco de este procedimiento judicial, alegando que la participación por separado de ambas acusaciones puede dar lugar a dilaciones "indebidas e injustificadas" en una causa "ya dilatada en exceso".
Unas investigaciones que, siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de las pesquisas, prevén llegar a su fin en los próximos meses. Para ello, Castro dictará el conocido como auto de pase a procedimiento abreviado, en el que concretará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.
A través de esta resolución, dará pie así a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones para que presenten su escrito de calificación provisional y soliciten la apertura de juicio oral, que el magistrado deberá acordar necesariamente.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma encara de este modo la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros coletazos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.
