El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón va poner en marcha la Prestación Aragonesa Complementaria para adecuarse a la nueva realidad social que dibuja el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y va a establecer los mecanismos para crear el Servicio Público Aragonés para la Inclusión Social, una nueva estructura administrativa que favorezca la inserción social y laboral.
El cambio normativo –aprobado en Consejo de Gobierno con naturaleza de Decreto Ley- implica la desaparición del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que debe redefinirse ante la nueva situación y que viene a cubrir aquellas situaciones que ya cubría el IAI, pero no queda recogidas en el IMV, o bien otras que la Comunidad considere necesario abordar.
La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto ha recordado que es obligatorio que los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción o de la Ayuda de Integración Familiar (AIF) soliciten el IMV (tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para hacerlo y hasta el 1 de octubre para presentar el justificante), pero ha dejado claro que “los actuales perceptores del IAI van a seguir percibiéndolo en tanto no se resuelvan sus peticiones del IMV con el objetivo de que no se produzca una situación n de desprotección”.
En concreto, sobre la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV, el gerente del IASS ha detallado que las personas susceptibles de recibir esta ayuda son aquellas que “encontrándose en situación de vulnerabilidad no cumplen todos los requisitos para ser titulares el IMV”. Esta prestación, que se tramitará en los centros de Servicios Sociales, complementará cualquier otro ingreso que tenga la unidad familiar, está dirigido a personas que no tienen los ingresos suficientes para hacer frente a necesidades básicas y se trata de una prestación de carácter personal que no puede ser retenida ni embargada. La cuantía oscilará entre los 462 y los 1.015 euros, en función de cada situación particular.
Según el análisis realizado hasta el momento, dentro de esta situación figuran, al menos, dos perfiles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad: las personas de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo la guarda o tutela de la Administración y sigan un programa de emancipación hacia la vida independiente y las personas sin hogar. En este último caso, para recibir esta prestación se requiere que participen en programas de promoción y lleven, al menos, un año de los tres últimos en Aragón. Sobre la primera situación, en estos momentos en Aragón hay 44 jóvenes dentro de los programas de transición a la vida independiente y 18 en el programa de empleo juvenil. A los dos perfiles que ahora estarían incluidos en la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV se unirán otros si así se decide cuando esté claro el impacto y el alcance concreto del IMV.
El decreto también prevé la puesta en marcha de un Servicio Público Aragonés para la Inserción Social que tiene como objetivo –ha detallado Santos- “atender de forma individualizada los casos y las situaciones de exclusión que hay en Aragón para diseñar itinerarios personales que permitan a estas personas salir de la exclusión y la pobreza y, sobre todo, evitar que esta se cronifique”. El objetivo es que esté coordinado con las políticas de empleo, educación y vivienda.