De esa indemnización, tres millones de euros corresponden a intereses de demora y costas judiciales. El Tribunal Supremo ha confirmado esta sentencia, que dicto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y que recurrió el Consistorio. El alcalde, Pedro Santisteve, señala que esos 11.000 metros cuadrados eran de titularidad pública, ya que correspondía a unas escombreras que luego se reutilizaron. Además, señala que son terrenos inundables y por los tanto no edificables.