Reanudadas obras en vivienda pública en Jerez, Cádiz y Sanlúcar por casi medio millón de euros
Son obras que quedaron suspendidas a consecuencia del Estado de Alarma decretado por el Covid-19
Jerez de la Frontera |
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ha reanudado las obras de reparación y mejora en tres promociones de viviendas del parque público residencial autonómico que quedaron suspendidas a consecuencia del Estado de Alarma decretado por el Covid-19. Por casi medio millón de euros son 91 viviendas que se sitúan en Cádiz, en plaza Viudas, en Jerez en la plaza Padre José María Lara, y en Sanlúcar en la calle Cabo San Adrián. En un comunicado, la Junta de Andalucía asegura que pretende contribuir con la continuidad de estas obras a la recuperación social, laboral y económica de la provincia y a a mejorar las condiciones de vida de las personas residentes en estas viviendas.
La obra que mayor presupuesto cuenta es la de Jerez, con 381.000 euros por la renovación y conservación de las humedades provocadas por un acuífero aluvial que provocaba humedades por capilaridad a los muros de fachadas y a tabiques interiores de las viviendas de planta baja, que sufren un importante deterioro. En las obras de Cádiz se actúan en siete viviendas donde se está aplicando un tratamiento anticapilaridad para combatir las humedades y el pintado de fachadas, medianeras y carpinterías, así como la reparación de carpinterías. En Sanlúcar las obras consisten en la terminación de pintura, los sellados de juntas de dilatación de solerías y paramentos de las galerías y el pintado de estructura de los paneles solares y de loa parasoles de fachada principal. También se reparará la puerta de acceso a la cubierta, se sustituirá la puerta de cuarto de contadores, se repararán los bajantes y desagües comunitarios y se revisarán las instalaciones de energía solar y de la red de saneamiento del edificio.
Estas obras promueven la contratación de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral. Se reserva un 10 por ciento del total de horas de trabajos a emplear a personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social (mayores de 45 años, menores de 30 y mujeres en desempleo) a través de empresas de inserción.