Junqueras acusa al Gobierno de actuar "fuera de ley" al usar las "cloacas"
El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al Gobierno del PP de "estar actuando fuera de la ley" y al margen de la legalidad internacional al usar "las cloacas del Estado" en contra de las instituciones democráticas catalanas, aunque "no hay que dejarse intimidar".
Junqueras y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau (JxSí) han coincidido en un acto organizado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en el Teatro de Sarrià de Barcelona con el que esta entidad ha iniciado un centenar de convocatorias en Cataluña con la presencia de diputados independentistas.
Según Junqueras, el Gobierno quiere "la excepcionalidad, la estridencia", quiere intentar que el Govern y el Parlament estén "fuera de la normalidad, cuando quien no lo está es él, ¿o acaso es muy normal que un ministro del Interior conspire contra otras instituciones democráticas?", se ha preguntado."A mí esto me parece excepcional en una democracia europea -ha indicado-, por lo que quien está constantemente fuera de la ley es el Gobierno español, un Gobierno que no duda en utilizar sus cloacas, las cloacas del Estado, y esto ya lo hemos visto en documentales y por otros medios", ha dicho en una clara alusión al documental "Las cloacas de Interior", emitido por el canal autonómico TV3.
"Frente a esto -ha recalcado Junqueras- nosotros haremos las cosas como siempre, organizaremos un referéndum, como siempre", pero apelando "al derecho internacional que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y naciones", un derecho, ha añadido, "que el Gobierno español ignora al pasar por alto que ha suscrito determinados tratados internacionales".
El vicepresidente ha pedido a políticos y a la sociedad catalana, en general, "no dejarse intimidar por las amenazas", y en este punto ha expresado su rechazo al hecho de que el Tribunal de Cuentas haya decidido contemplar la posibilidad de que los condenados por la consulta del 9N -el expresidente Artur Mas y tres exconsellers de su gobierno- tengan que pagar de su bolsillo el coste de la consulta.
"¿De veras se creen que el precio de votar son los 5 millones de euros que costó la consulta, y creen de verdad que con esto nos van a intimidar?, se ha preguntado, antes de bromear sobre los "2 euros" que costaría proporcionalmente a cada catalán que votó el 9N pagar la sanción de forma solidaria.
Sobre esta cuestión se ha referido también Irene Rigau, que es una de las personas afectadas por el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas.
Ha recordado que el TSJC les exculpó del delito de malversación de cuentas pero cree que eso "tanto le da" al Tribunal de Cuentas "se inventan otra vía directa desde el Gobierno español para perjudicarnos más", ha añadido.