La ministra australiana de Salud dimite por usar un viaje oficial para comprar un piso

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, señaló este viernes que Ley ha tomado "la decisión correcta" de renunciar definitivamente a la cartera y agradeció sus servicios prestados. Turnbull, sin embargo, evitó dar detalles de la investigación abierta sobre los gastos de la ya exministra, quien continúa negando un uso indebido de sus dietas laborales.

En mayo de 2015, Ley adquirió una propiedad en Gold Coast valorada en unos 581.00 dólares (más de 552.000 euros) durante un viaje ministerial al estado de Queensland que costó a los contribuyentes australianos unos 2.300 dólares (o 2.200 euros). Después de anunciar su renuncia temporal, el pasado lunes, la prensa local siguió publicando nuevos incidentes que añadían más dudas sobre Ley.

Entre los escándalos destaca el reclamo de gastos de viaje que hizo Ley tras asistir a dos eventos de Nochevieja organizados por una empresaria y donante del partido, por el que también se ha abierto una investigación. A raíz de la polémica, Turnbull anunció que aumentará la fiscalización de las dietas laborales de los legisladores del país.

Para ello se creará un órgano parlamentario independiente que "supervisará y se adjudicará todas las reclamaciones de los parlamentarios, senadores y ministros, y que asegure que el dinero de los contribuyentes sean usados apropiadamente y en cumplimiento de las reglas", dijo Turnbull en una rueda de prensa en Sídney. El nuevo sistema de vigilancia permitirá que los ciudadanos puedan ver casi inmediatamente de ser presentados los gastos de los políticos, quienes deberán reportar mensualmente, bajo estas futuras medidas, los cobros de representación.

Durante estos días, los medios australianos han denunciado otros incidentes similares que podrían salpicar a otros políticos, entre ellos a la titular de Exteriores, Julie Bishop, y el de Comercio, Steve Ciobo; por participar en eventos deportivos con dinero de los contribuyentes. A excepción de Ley, ninguno de los ministros denunciados por los medios han sido investigados o han dimitido.

"Los australianos tienen derecho a esperar que sus políticos gasten su dinero cuidadosamente y que se aseguren siempre de que los gastos de representación representen un uso de los recursos públicos eficiente, efectivo y ético", recalcó el primer ministro. El Gobierno australiano ya había ordenado antes una investigación en 2015 después de que la presidenta de la Cámara Baja, Brownyn Bishop, se viera obligada a renunciar tras descubrirse que gastó casi 4.000 dólares en el alquiler de un helicóptero en lugar de usar un vehículo oficial para acudir a una fiesta del Partido Liberal.