El juez no resolverá, previsiblemente, sobre las alegaciones a la fianza ni esta semana, ni la siguiente

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que instruye el caso Nóos, no resolverá, previsiblemente, ni esta semana ni la próxima sobre las alegaciones que presentarán los imputados en esta causa a la fianza civil de 8,2 millones de euros solicitada el pasado mes de noviembre por la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y las empresas administradas por ambos.

Así lo han informado a Europa Press fuentes jurídicas, que han revelado que, hasta el momento, únicamente la defensa de Diego Torres ha presentado al juez un escrito de alegaciones de 19 páginas, mientras que el letrado de Urdangarin aún no ha entregado su escrito al magistrado.

Cabe recordar que los imputados del caso Nóos tienen de plazo hasta este martes a las 15.00 horas para presentar, si así lo estiman oportuno, alegaciones a la citada fianza civil dirigida a asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de este proceso. En concreto, el plazo para este trámite finalizaba este lunes, si bien las defensas podrán apurarlo hasta hoy.

A partir del momento en que los interesados hayan presentado sus alegaciones, el juez instructor de las investigaciones decidirá si acuerda imponer esta medida cautelar y, en ese caso, en qué cuantía.

Así, en caso de ser finalmente decretada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, a la misma deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.

En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Tanto la Fiscalía como Manos Limpias plantean como petición alternativa una fianza civil de 5,9 millones de euros de los que presuntamente se apropiaron los encausados a través de esta trama, para el caso de que el juez Castro no estimase la primera de las peticiones. Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, acusación particular en este proceso, no ha presentado ninguna solicitud en este sentido.