El exasesor jurídico del Ibatur admite que cometió el "error terrorífico" de desviar 95.000 euros públicos

En su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, el acusado, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión, ha manifestado, visiblemente afectado, que desde que fue detenido por primera vez justo hoy hace cinco años -el 12 de febrero de 2009-, "lo único que he tratado ha sido reparar el daño en la medida de lo posible, y pedir perdón por quienes han tenido que sufrir por lo que hice", ha reconocido entre lágrimas.

"Reconozco que obré mal, inducido por unos años muy malos de mi  vida", ha incidido el inculpado, quien se encuentra además imputado en otros casos de presunta corrupción, entre los que se encuentra el caso Nóos a raíz de su intervención en la adjudicación presuntamente irregular de los eventos Illes Balears Forum, cuya organización corrió a cargo del Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarin por un total de 2,3 millones de euros públicos, parte de cuyo destino se desconoce.

En concreto, Bonet es el primer imputado del caso Ibatur (centrado en el presunto desvío masivo de fondos a través de esta empresa pública durante dos legislaturas -de 2003 a 2011-) que se sienta en el banquillo, y junto a él están siendo juzgados cuatro familiares que resultaron beneficiados de esta supuesta trama, quienes se enfrentan por su parte a un año y tres meses de prisión cada uno.

Tal y como ha remarcado a preguntas del fiscal Juan Carrau, meses antes de ser arrestado la Policía acudió al Ibatur en el marco del caso Scala -una trama de desvío de fondos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares- pero no comentó nada sobre los contratos que adjudicó de forma irregular. Ya el día de su detención, el inculpado ha recordado que se encontraba "encerrado, sin saber qué me pasaba. Estaba muy nervioso", ha recordado Bonet, quien ha señalado que "tardé menos de 24 horas en darme cuenta de que tenía que decir la verdad sobre los contratos mal hechos".

De hecho, al ser detenido, no sólo reconoció haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros familiares, malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que se le impuso como fianza -posteriormente ampliada a 250.000 tras ser detenido por segunda vez-.

Al preguntarle el fiscal por qué en la Policía dijo que había sido inducido por otro exasesor jurídico del Ejecutivo balear, Joan Bauzá -entonces ya fallecido-, el exalto cargo ha respondido que lo hizo "por miedo" y "no se me ocurrió qué otra explicación podía dar", si bien finalmente acabó confesando los hechos. "Estoy muy arrepentido, es una cosa que no debería haber hecho", ha insistido.

El acusado, a quien la Fiscalía atribuye delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y falsedad por funcionario, con la atenuante de confesión, ha reconocido que fue a finales de 2003 (tras iniciarse la segunda legislatura de Jaume Matas) cuando comenzó a hacer contratos ficticios, llevando a cabo las gestiones necesarias para que se crearan expedientes de contratación pública que fuesen sufragados por el Ibatur sin realizar a cambio servicio alguno.