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El presidente de Estados Unidos podría poner fin al plan migratorio conocido como DACA, gracias al cual unos 800.000 jóvenes indocumentados pudieron frenar su expulsión del país.

Un juez federal de Míchigan ha ampliado una orden judicial que impedía la deportación de más de 1.400 ciudadanos iraquíes porque de regresar a su país podrían ser "objeto de todo tipo de abusos" debido a que pertenecen a grupos minoritarios.

Un grupo de jóvenes y asociaciones de defensores de los derechos de los inmigrantes demandarán al presidente Donald Trump por infringir su derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Alegarán desigual protección por el hecho de que sus padres sean indocumentados y discriminación por su origen.

En esta segunda orden ejecutiva, Donald Trump ha descartado a Irak pero ha mantenido el veto para los ciudadanos de Irán, Siria, Libia, Yemen, Sudán y Somalia.

John Kelly ha explicado que el objetivo es disuadir a los padres de este movimiento migratorio y que los pequeños "estarán bien cuidados" mientras abordan "la cuestión de sus padres".

La cadena humana, formada principalmente por miembros de organizaciones civiles, legisladores mexicanos e inmigrantes originarios de México, El Salvador y Haití, se ha manifestado con gritos como "ningún ser humano es ilegal" y "no más muros".

El secretario de Seguridad Nacional de EEUU ha señalado que aproximadamente el 75%" de los 680 eran "inmigrantes delincuentes". Las operaciones buscaban detener a "individuos que han violado las leyes de inmigración" en Estados Unidos.