Caso Urdangarín

Así se recoge en dos resoluciones que la Audiencia de Palma ha dictado este miércoles.

Hace una semana el juez Castro rechazó la solicitud de doña Cristina, que será juzgada como cooperadora necesaria de su esposo, Iñaki Urdangarin, por dos presuntos delitos fiscales en los ejercicios de 2007 y 2008.

El futuro enjuiciamiento del caso, una vez el juez José Castro eleve a la Audiencia los más de 70 tomos de las investigaciones, entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el procedimiento sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.

Los acusados deben asimismo hacer frente al pago de un total de 61,3 millones de euros en fianzas civiles, de los cuales 2,6 millones corresponden a la Duquesa de Palma, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron Urdangarin y Torres en torno al Instituto Nóos.

Mediante un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press y que la AEAT ha interpuesto contra la decisión del magistrado de denegarle el cobro del tributo, la Abogacía del Estado -que representa los intereses de Hacienda- asevera tajante que el juez "nunca puede dejar de aplicar la Ley", puesto que "conoce el ordenamiento jurídico y debe resolver conforme al mismo".

Así lo ha acordado mediante una providencia dictada este martes, en la que da cuenta del escrito presentado por el matrimonio, que acepta de este modo las condiciones estipuladas por el magistrado para poder llevar adelante la operación inmobiliaria, y que pasaban por que ambos se comprometieran a abonar en la cuenta del Juzgado los 2,3 millones como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa.

En el recurso de apelación que ha presentado de cara a su resolución por parte de la Audiencia Provincial de Baleares, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Urdangarin subraya que, "como no se le permite" saldar su deuda con el importe de la venta del palacete "porque no le autoriza el Ilustrísimo Señor Magistrado-Juez de Instrucción" -en alusión a Castro-, "se ve en la obligación procesal de insistir en ello".

En su escrito, la abogada del Estado se ampara así en la Ley del Impuesto sobre No Residentes, según la cual quienes transmiten bienes inmuebles situados en el país a "no residentes sin establecimiento permanente están obligados a retener e ingresar el porcentaje fijado legalmente del 3 por ciento sobre la contraprestación acordada".

El magistrado se acoge a la posibilidad que le otorga la Ley de ejercer en este cargo hasta los 75 años

Según han informado fuentes judiciales, la defensa de Urdangarin ha presentado una solicitud de autorización para vender la vivienda y la representación de la hermana del Rey ha registrado un escrito adhiriéndose a esa petición.