Atando cabos 3x18: Profesión de Riesgo

Por las costas del sur de España no solo entra droga. Entra también una sensación cada vez más extendida entre quienes patrullan el mar y las playas: la de estar librando una batalla desigual.

Con independencia de que todo un ministro del Interior no acuda a los funerales de dos guardias civiles muertos o asesinados en acto de servicio, o al margen de que eso sea calificado como “accidente laboral” por parte de la candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, esta semana hemos vuelto a empatizar con la labor de uno de los Cuerpos de Seguridad del Estado más valorados por los ciudadanos, especialmente en muchos municipios y comarcas del sur: la Guardia Civil.

La que sigue librando una batalla esencial para nuestra salud y seguridad: desde la frontera de Huelva con Portugal hasta el Estrecho de Gibraltar, donde Europa casi se toca con África, la lucha contra el narcotráfico ha dejado de ser una cuestión policial rutinaria para convertirse en un problema de seguridad estructural. Las cifras de incautaciones siguen siendo elevadas, las operaciones se suceden y los titulares aparecen con frecuencia. Pero, bajo esa superficie, hay otra realidad menos visible: la de unos agentes que denuncian falta de medios, inferioridad técnica y un aumento constante del riesgo.

Resulta difícil sostener con seriedad que no exista un agravio evidente cuando en España se reconoce la penosidad y peligrosidad de cuerpos como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra, mientras se niega ese mismo estatus a la Guardia Civil. No hablamos de percepciones, sino de hechos: lucha contra el narcotráfico, terrorismo, control de fronteras, intervenciones armadas. Si eso no es riesgo, ¿qué lo es?

La explicación oficial —régimen jurídico distinto, costes, inercia histórica— suena más a excusa que a argumento, porque el riesgo no entiende de marcos administrativos. Es material, real y, en demasiadas ocasiones, mortal. Mantener esta desigualdad no solo es incoherente: erosiona la credibilidad del propio sistema, que reconoce el peligro en unos cuerpos y lo relativiza en otros que hacen, como mínimo, lo mismo.

En el fondo, la cuestión no es técnica, sino política. Y, mientras no se corrija, seguirá proyectando una idea incómoda: que en España no todos los servidores públicos que arriesgan la vida valen lo mismo a ojos del Estado.