Detrás de estos conflictos hay personas, propiedades y derechos que deben ser respetados.

María del Mar Suárez Almuña, propietaria de una finca ubicada en el campo de La Montserrata, en Almuña (Valdés), ha decidido hacer pública una situación que, según afirma, le afecta directamente desde hace más de una década. Su objetivo, explica, es “poner en conocimiento de los vecinos” un conflicto que considera relevante desde el punto de vista de los derechos de propiedad y la actuación de las administraciones públicas.

Según detalla, la situación se remonta al año 2011, cuando parte de su propiedad comenzó a ser utilizada por el Ayuntamiento de Valdés. Durante años, y mientras su padre fue titular de la finca, ese uso se permitió de manera tolerada, sin contraprestación económica y con la intención de favorecer la convivencia vecinal.

Sin embargo, tras el fallecimiento de su padre y ya como nueva propietaria, Suárez, asegura que comunicó al consistorio que dicha ocupación se estaba produciendo sin su consentimiento, iniciándose entonces el conflicto que continúa en la actualidad.

La propietaria afirma disponer de documentación que acredita que la supuesta cesión del terreno al Ayuntamiento se basaría en una transmisión irregular, realizada por una empresa que, según sostiene, nunca llegó a adquirir formalmente la finca. “Esa empresa no pudo haber cedido derechos sobre una propiedad que no era suya”, subraya.

Entre los hechos denunciados, también señala la instalación de una canasta deportiva en su finca sin autorización, cuya retirada solicitó sin obtener respuesta. Asimismo, explica que procedió al amojonamiento del terreno para delimitar la propiedad, invitando al Ayuntamiento a estar presente en el proceso, algo que no ocurrió.

Posteriormente, añade, el consistorio retiró los mojones colocados, alegando motivos de seguridad por su proximidad a la canasta. Un argumento que la propietaria rechaza, insistiendo en que dicha instalación está, precisamente, ubicada en su terreno sin permiso.

Antes de llegar a la situación actual, Suárez, asegura haber intentado una solución amistosa, ofreciendo al Ayuntamiento la posibilidad de regularizar el uso mediante la compra o el alquiler del terreno. No obstante, según indica, no se alcanzó ningún acuerdo, al considerarla administración que el coste económico era elevado.

La superficie afectada por la ocupación ronda los 484 metros cuadrados dentro de una finca de aproximadamente 71 áreas. La propietaria insiste en que el precio planteado para una eventual venta o arrendamiento “está dentro del mercado, incluso a la baja”.

Ante la falta de respuesta a sus solicitudes formales, tanto de reposición de los mojones como de acceso al expediente administrativo, Suárez, reconoce que no descarta acudir a la vía judicial, aunque asegura que preferiría evitarla. “Siempre voy a defender lo mío”, afirma.

Finalmente, señala que su intención es dar a conocer la situación a los vecinos y apelar a una resolución conforme a la legalidad. “Detrás de estos conflictos hay personas, propiedades y derechos que deben ser respetados”, concluye, recordando además el valor emocional y generacional que, según dice, tienen este tipo de bienes familiares.

Por su parte, se espera una respuesta del Ayuntamiento de Valdés sobre este conflicto, que se ha prolongado en el tiempo y que podría resolverse en los tribunales si no se alcanza un acuerdo entre ambas partes.