Una madre de dos hijos, víctima de violencia de género, denuncia que lleva años intentando acceder a una vivienda estable en Cádiz. Con un salario de 1.350 euros mensuales, asegura que no puede asumir los precios del mercado privado, pero tampoco reúne los requisitos para acceder a determinadas ayudas públicas. Ahora afronta un nuevo procedimiento de desahucio.

Tener una casa, cerrar la puerta al final del día y saber que mañana seguirá siendo tu hogar. Algo tan cotidiano para muchas personas se ha convertido en una preocupación constante para otras. Detrás de los precios del alquiler, las listas de espera y los procedimientos administrativos hay familias que viven pendientes de una solución que nunca termina de llegar. Es el caso de una mujer gaditana que ha compartido su historia en Más de Uno Bahía de Cádiz, de Onda Cero, dentro de una serie de entrevistas que pretende poner rostro a las dificultades de acceso a la vivienda.

Es madre, trabajadora y víctima de violencia de género. Tiene un empleo estable y cobra 1.350 euros al mes, pero asegura que sus ingresos no son suficientes para alquilar una vivienda en el mercado privado. Al mismo tiempo, su situación laboral dificulta que pueda acogerse a determinados mecanismos de protección social. «Estoy en tierra de nadie», resume. Una expresión que refleja la realidad de quienes, pese a tener trabajo, no consiguen garantizar un hogar estable para sus familias.

Su historia se remonta a muchos años atrás. Según relata, está inscrita en el registro de demandantes de vivienda de Procasa desde 2006 y acude a los servicios sociales desde 2008. En 2015 comenzó una etapa especialmente difícil marcada por la violencia de género y la búsqueda de un alojamiento seguro para ella y sus hijos. Desde entonces ha atravesado sucesivas situaciones de inseguridad residencial, incluidos dos procesos de desahucio relacionados, según explica, con viviendas que acabaron destinándose a alojamiento turístico.

Cuatro años en una vivienda y un futuro incierto

Actualmente reside desde hace cuatro años en una vivienda protegida de Cádiz. Asegura que la promotora está dispuesta a formalizar un contrato de alquiler y que ella quiere pagar, pero denuncia que la falta de una autorización administrativa municipal impide regularizar su situación. Esta circunstancia ha desembocado en procedimientos judiciales y en la posibilidad de tener que abandonar nuevamente su hogar.

La entrevistada sostiene que tanto ella como la promotora han intentado negociar una solución con el Ayuntamiento sin conseguir desbloquear el problema. También denuncia que existen cuatro viviendas cerradas en su misma promoción, una situación que considera difícil de comprender mientras su familia continúa pendiente de un posible desahucio. Estas circunstancias administrativas y judiciales están pendientes de contraste con las instituciones implicadas.

Pero el problema va mucho más allá de encontrar un techo. La mujer explica que sus hijos también han sufrido las consecuencias de la violencia de género y que la familia lleva años recibiendo atención psicológica. A las dificultades personales se suma ahora el miedo a perder la vivienda, las rutinas y la estabilidad que han intentado reconstruir.

Porque perder una casa no significa únicamente abandonar cuatro paredes. Para una familia vulnerable puede suponer volver a empezar cuando todavía no ha conseguido recuperarse de lo vivido.

El vacío entre tener ingresos y poder vivir dignamente

Su testimonio pone sobre la mesa una contradicción cada vez más visible en el acceso a la vivienda: tener una nómina no garantiza disponer de recursos suficientes para vivir de forma independiente. La protagonista insiste en que no pretende recibir una vivienda gratuitamente, sino acceder a un alquiler que pueda asumir con sus ingresos.

Cuestiona también los criterios de baremación y denuncia que su situación personal no encuentra respuesta en los mecanismos actuales de acceso a la vivienda protegida. Durante estos años, asegura, ha acudido a distintas administraciones y ha solicitado ayuda bajo gobiernos municipales de diferente signo político, sin conseguir una solución definitiva.

Reconoce, sin embargo, el acompañamiento de profesionales de los servicios sociales, personal técnico y jurídico, así como el respaldo de Mujeres Vecinales y la Federación 5 de Abril. Agradece la empatía de quienes la han atendido, aunque lamenta que esa preocupación no se haya traducido en una respuesta efectiva.

Su historia refleja una realidad que difícilmente puede explicarse únicamente con cifras. La de quienes trabajan, cumplen con sus responsabilidades y, aun así, no pueden acceder a una vivienda digna. La de madres que intentan proteger a sus hijos mientras afrontan una incertidumbre que condiciona cada aspecto de su vida. Porque una vivienda no debería ser una preocupación permanente, sino el lugar desde el que una familia pueda empezar a vivir sin miedo.