Es lo que tiene entrar de lleno en las campañas electorales, nos saturan con anuncios de planes y proyectos por vía de urgencia que han estado durmiendo el sueño de los justos durante cuatro años… o más.
Es el caso de la recientemente aprobada Ley de la Vivienda del Gobierno y el anuncio de medidas para facilitar el alquiler, especialmente entre las familias más desfavorecidas.
Es una ley que trata de proteger a los pequeños propietarios tras los abusos de las cláusulas hipotecarias de los bancos, que llevó a muchas personas a perder su casa en la anterior burbuja inmobiliaria.
Debido a ello ahora ha crecido mucho el mercado del alquiler, trasladando a este mercado la burbuja de los sobreprecios los últimos años.
Por eso, aunque sea tarde, está muy bien que se planteen protocolos para tratar de acercar más el derecho de todos los españoles a una vivienda digna.
Junto a esta nueva ley, está muy bien que el Gobierno quiera poner en el mercado las viviendas vacías de la Sareb, aunque nadie sabe aún quien deberá pagarlas en el caso de que salga adelante en la práctica.
Y es que de las 50.000 viviendas que ha anunciado Pedro Sánchez que pondrán en el mercado, muchas están sin terminar, otras muchas desguazadas y más aún okupadas. Apenas un puñado podría estar a disposición de las familias con necesidad de ayuda… y parece que nuestro presidente más molón no ha dejado claro si las pagará su Gobierno o si le colará el marrón a los gobiernos de las comunidades autónomas.
De momento, el conseller Illueca ya ha dejado claro, por si acaso, que si es el Consell quien tiene que comprar las viviendas del banco malo, reclamará al Estado el dinero por otras vías. Es decir, que topamos con el problema de siempre: invito yo, pero paga otro.
Una vieja fórmula que le quiere colar Pedro Sánchez a Ximo Puig, experto ya en aplicar esta medida a las diputaciones provinciales cada vez que anuncia un nuevo plan. Así que, por ahí no tragará el presidente de la Generalitat.
La otra cuestión es que la ley incide mucho en medidas para beneficiar a las personas que quieran alquilar, pero prácticamente no dice nada de proteger a los propietarios que puedan ser arrendadores potenciales.
Porque si es innegable que esta Ley de la Vivienda pretende proteger a los inquilinos, también es innegable que da por sentado que todas las personas que alquilen un piso lo van a hacer de buena fe.
Es decir, que no tiene en cuenta ni si quiera en el canto de la hoja de la contraportada de la ley el supuesto de que el arrendatario no quiera pagar el alquiler una vez dentro de la vivienda.
Y no será por que no sea manifiesto que un altísimo porcentaje de los alquileres derivan en ocupación sistemática de la vivienda, sin opción para el arrendador de desalojar a su inquilino, aunque sea un pequeño propietario que necesita cobrar la renta para vivir.
Porque es cierto que la nueva ley favorece el crecimiento de la oferta asequible incentivada.
Garantiza la contención de precios, evitando la especulación.
Ofrece ventajas fiscales para evitar las viviendas vacías.
Ofrece una nueva definición y unas ratios que aclara cuáles son las zonas declaradas tensionadas, además de limitar los precios.
Define quienes son los considerados grandes tenedores de vivienda.
Desvincula la actualización de los precios del alquiler del IPC.
Ofrece nuevas medidas de protección para los inquilinos.
Y también aplica nuevas medidas de protección ante los desahucios.
Frente a todas estas medidas para favorecer a los inquilinos, solamente se hace una mención de pasada en la nueva Ley de la Vivienda de beneficios fiscales para los propietarios que alquilen su vivienda en zonas tensionadas… pero sin aclarar bien de qué modo se podrán beneficiar.
Lo cierto es que diferentes expertos y analistas coinciden en que esta Ley de la Vivienda no cambiará gran cosa… o que puede que tal vez lo haga, pero a peor.
El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluye que la Ley de Vivienda “intervendrá completamente” el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos.
Tras analizar la Ley, los expertos de la universidad señalan que los problemas en el mercado del alquiler se acentúan al prohibir que el precio de estos se indexe a la inflación o se forme en libre equilibrio de mercado. Señalan que de esta forma se limita que un inversor obtenga la rentabilidad que busca y podría provocar una pérdida de esta en el caso de los fondos de inversión.
Desde el observatorio apuntan también que la nueva ley aumenta de manera “indirecta y artificial” las zonas tensionadas, al rebajar el umbral a un diferencial de tres puntos sobre el aumento del IPC de los últimos cinco años.
A su vez, recalcan que se dificulta el proceso de desahucios, lo que supone un mayor riesgo para los arrendadores, pues puede provocar un aumento de impagos. Además, esto podría provocar que los propietarios alquilaran sus viviendas solo a rentas medias y altas, para minimizar así el riesgo de impago.
La sospecha de que la nueva Ley de Vivienda impulsada por los socios de investidura y de Gobierno de Pedro Sánchez va a ser una palanca para que se enquiste el problema de la okupación.
Lo cierto es que en el Gobierno no se han comprometido a tomar ni una sola medida, ni siquiera la excepción del pago de impuestos a aquellas familias que estaban sufriendo durante años la okupación o la okupación mafiosa.
Y mientras esto no cambie, no cambiará nada.
De todas formas, no hagan mucho caso… que es solo mi opinión.
